La saga judicial de los “narcosobrinos” amenaza con extenderse más allá de la sentencia

El caso de los narcosobrinos de la pareja presidencial venezolana se ha convertido en una verdadera saga, en la que al mejor estilo de novela por entregas, surgen día a día nuevos eventos que le agregan mayor suspenso e intriga a esta historia cuyo desenlace está muy cerca.


Por Maibort Petit

Así, expectante, el público se frota insistentemente las manos y mesa sus cabellos ante lo que sucederá este martes 3 de octubre cuando tendrá lugar una audiencia oral en la que los abogados de los despachos jurídicos Boies, Shiller & Flexner y Sidley Austin LLP que representan los derechos de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, esperan eliminar los argumentos presentados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Oficina de Libertad Condicional (OLC) en los Informes Previos a la Sentencia (PSR), en que solicitan se aplique una pena de cadena perpetua a sus clientes.

Los capítulos

Esta historia comenzó a contarse el 10 de noviembre de 2015, cuando el periodista Casto Ocando sorprendió al mundo con la noticia de que los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro, habían sido apresados en Haití y trasladados a Nueva York donde eran acusados por narcotráfico.

Posterior a la confusión que los primeros anuncios provocaron en la opinión pública y en el seno del alto gobierno venezolano, se fueron conociendo los detalles del hecho que apuntaron a que Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, habían sido arrestados la mañana de la citada fecha, por agentes de la Oficina de Lucha contra el Narcotráfico (BLTS, por las siglas en francés de Bureau de Lutte contre le Trafic des Stupéfiants) en el restaurante del Servotel, un lujoso hotel ubicado en las inmediaciones del aeropuerto internacional de la capital haitiana.

La acción policial de la policía de Haití se hacía a solicitud de la Administración para el Control de Drogas del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DEA, por las siglas en inglés respecto al nombre Drug Enforcement Administration), agencia del gobierno estadounidense que venía haciéndoles seguimiento a los Flores desde hacía varios meses.

Cubiertos los trámites legales luego de la reseña policial, los primos Flores fueron entregados en custodia a las autoridades de Estados Unidos, luego de que el gobierno de Haití expulsó a los detenidos que eran requeridos por la Corte del Distrito Sur de Nueva York para procesarlos judicialmente por los delitos que les imputó un Gran Jurado de EE UU.

Desde que esa noche, Campo Flores y Flores de Freitas bajaron del avión a las 8 y 10 minutos de la noche en el aeropuerto de White Plains en el condado de Weschester en Nueva York.

La ciudad de los rascacielos había dejado de tener para los familiares de Nicolás Maduro el encanto que sus anteriores aventuras de lujo y despilfarro les habían brindado. Se enfrentaban ahora a una realidad que aun en esos momentos era absolutamente incierta. Tal vez albergaban la esperanza de que su parentesco con el mandatario venezolano pudiera librarlos de pesadilla que se les avecinaba y de la cual apenas podían ver algunas imágenes.
Tuvieron que pasar varios meses para que en septiembre de 2016 se descubriera que el empresario Wilmer Ruperti, de gran afiliación con el oficialismo pagaba las facturas de los defensores de los sobrinos Flores, supuestamente por puro patriotismo.

Los esperaba por lo pronto, no la habitación de alguno de los lujosos hoteles a los que estaban acostumbrados, sino la fría celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York (MCC por sus siglas en inglés), ubicado a escasos metros del edificio 500 Pearl Street en Manhattan, donde funciona la corte del Distrito Sur de Nueva York que más tarde les daría la bienvenida.

Eso ocurrió el 12 de noviembre de 2015 a las 6:10 pm, cuando fueron presentados ante el juez accidental, James L. Cott, quien luego de revisar los informes de investigación de arresto de los acusados, les leyó los cargos presentados en su contra: Conspiración para importar cinco o más kilogramos de cocaína a Estados Unidos desde un país extranjero; y distribuir cinco o más kilogramos de cocaína conociendo y con la intención de que sería importada a Estados Unidos.

La causa quedó asignada al juez Paul Crotty de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Los representaba uno de los despachos de abogados más costosos del mundo: Squire Patton Boggs, una firma que durante años había mantenido relaciones con el Estado venezolano, por lo que la pregunta inmediata fue: ¿quién pagaba los gastos de representación legal de los familiares de la primera dama? ¿Se estaban costeando los honorarios profesionales de los abogados con presupuesto de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos o acaso era Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela en esa nación la que erogaba tales pagos?

Esta interrogante se mantuvo latente durante mucho tiempo en las distintas etapas del proceso judicial.
Pero esto habría de durar poco, pues los dos acusados no podían ser representados por los mismos abogados, así que Franqui Francisco Flores de Freitas, muy a su pesar, debió declararse incapaz de pagar la defensa privada y tuvo que acogerse a la pública. El juez Crotty procedió a designarle como defensores públicos provisionales a Vincent Southerland y Jonathan Morvinny, del grupo Federal Defendant of New York Inc, quienes ejercieron su representación legal hasta el mes de abril de 2016.

Luego de estos siguieron presentándose cambios en los equipos de defensa de los Flores, pero todos se enfrentaban a un grave problema: los acusados, durante el vuelo que los había trasladado de Puerto Príncipe a Nueva York, habían confesado sus delitos ante el agente especial de la DEA, Sandalio González, quien desde hacía varios meses se encargaba de investigar el caso.