ONG denuncia endémico uso desproporcional de las fuerzas de seguridad en protestas

El asesinato en San Cristóbal (Táchira) del estudiante de bachillerato, Kluiverth Roa, a manos de un policía nacional enviado a controlar una manifestación, es una demostración del “endémico” uso desproporcional de la fuerza en el que históricamente han incurrido los organismos de seguridad cuando se enfrentan a situaciones de orden público, publica El Universal.

Así lo aseveró Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), quien afirmó que esto ha podido evitarse si las autoridades hubieran acatado la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caracazo.

“Es triste que 26 años después del Caracazo sigamos hablando de esto y que se desde el Estado se lancen mensajes preocupantes como la inconstitucional resolución del Ministerio de la Defensa que permite a los militares usar armas de fuego en las manifestaciones”, afirmó, al tiempo que agregó: “El Estado debe enviar un mensaje inmediato y ese debe ser derogar esa resolución para evitar que este tipo de situaciones se repitan, luego se deben investigar estos hechos y otros que han ocurrido en los últimos meses”.

En similares términos se pronunció Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, quien aunque evitó responsabilizar a la polémica normativa de lo ocurrido, consideró que la misma, junto a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que proscribió las protestas espontáneas, lo que ha hecho es “levantar un andamiaje jurídico que permite reinterpretar la legislación sobre el control del orden público”.