Congresistas piden que EEUU sancione a más funcionarios venezolanos (Documento)

Más de 30 congresistas estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, pidieron hoy a los secretarios de Estado, John Kerry, y del Tesoro, Jack Lew, imponer sanciones a más funcionarios venezolanos, al considerar que “la democracia está fracasando” en el país caribeño.

EFE

Treinta y tres congresistas, muchos de ellos representantes del estado de Florida, pidieron en una carta a Kerry y Lew que tomen “acciones inmediatas” ante la “terrible crisis económica, política y de derechos humanos que sufre Venezuela”.

Estados Unidos ya impuso sanciones contra funcionarios venezolanos a través de la vía legislativa después de que varios congresistas impulsaran un proyecto de ley con ese fin, que, según detalla la misiva, ha recaído sobre 62 personas desde que las sanciones entraran en vigor a finales de 2014.

“Sin embargo -alertan los congresistas-, los récords de otros oficiales venezolanos, incluyendo miembros de la Corte Suprema, el sistema judicial, jueces en varios estados, policía estatal y nacional y fuerzas de seguridad, han sido relacionados directamente con abusos a los derechos humanos”, escribieron.

“Muchos de esos individuos siguen siendo libres de acceder al sistema financiero estadounidense, por lo que les urgimos enérgicamente que examinen estas informaciones e impongan sanciones contra esos individuos que han participado en tales abusos”, insistieron los legisladores.

Asimismo, la misiva reitera a ambos funcionarios que antes de que las relaciones entre EE.UU. y Venezuela sean más estrechas, el Gobierno estadounidense debe mandar un “mensaje claro y consistente” a través de todos los canales posibles insistiendo en que el régimen de Maduro debe permitir un referéndum revocatorio “libre y justo” antes de que acabe el año.

Además subrayaron la necesidad de que Venezuela libere a los presos políticos, se adhiera a principios democráticos, permita el envío de alimentación de emergencia y medicinas, y detenga todo apoyo del Gobierno a actividades vinculadas con el tráfico de drogas.

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