A un año de los CLAP se entregan bolsas incompletas y con menos kilos
Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción cumplen un año sin que hasta ahora se conozca cuánto dinero se ha destinado a la compra de alimentos y quiénes se han beneficiado efectivamente del mecanismo de reparto de comida. Lo único cierto es que de los 24,3 kilogramos por bolsa que recibía cada familia, ahora solo llegan 16 kilos que deben alcanzar para un mes o más.
Los CLAP, lejos de ser una iniciativa a aplaudir como lo indica la palabra en su significado en inglés, es una más de las tantas que el gobierno de Nicolás Maduro ha adoptado para supuestamente hacerle frente a la fuerte escasez que padece Venezuela, producto de la destrucción del aparato productivo nacional y de la caída de los ingresos petroleros que ha reducido el total de importaciones.
A cuatro semanas de haber anunciado la creación del nuevo programa de la Misión Alimentación, el jefe de Estado aseguró el 3 de abril de 2016, que 2 millones 118 mil personas ya habían recibido en sus casas el paquete con alimentos regulados.
Maduro agregó que estas personas forman parte de “529.603 familias a las cuales se le está distribuyendo 24,3 kilogramos de alimentos de la canasta básica”.
La meta para el cierre de marzo de 2017 es llegar a 6 millones de familias que, a razón de 4 miembros cada una, alcanzaría a 24 millones de ciudadanos o 77,3% de la población, utilizando la proyección de 31 millones 28 mil 637 de habitantes del Instituto Nacional de Estadística para 2016, según el censo de 2011.
Pero si restamos los 2,5 millones de personas que han abandonado el país en los últimos años buscando mejores condiciones de vida, según Iván de la Vega, sociólogo e investigador del movimiento migratorio, los CLAP estarían beneficiando al final de mes a 84,1% de los residentes en el país.
La cifra es muy cercana al 82% de pobreza que arrojó la más reciente Encuesta sobre condiciones de vida (Encovi), publicada por las universidades Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y la Simón Bolívar.
– Menos para más –
El viernes, durante un acto en el Teatro Teresa Carreño, el jefe de Estado decretó este 12 de marzo como Día Nacional de los CLAP, para celebrar la política de distribución de alimentos a sectores de clases populares, pero de la que también se benefician los funcionarios y allegados al gobierno con acceso directo o indirecto al programa.
Lo que no dicen las autoridades que han hecho de los CLAP su más reciente bandera política, es que en un año de existencia la cantidad de kilogramos que llegaba a cada familia se ha reducido al pasar de los 24,3 kilos iniciales (sin proteína animal) a los 16 kilogramos de ahora, según ha reconocido el propio ministro de Alimentación Rodolfo Marco Torres.
Pero no solo las bolsas pesan menos sino que los precios han ido en alza y la entrega es más espaciada. El mecanismo comenzó a funcionar con distribución cada 21 días, y ahora los lapsos son más amplios pasando a poco más de dos meses en algunos casos, como el de una comunidad en Carapita, zona popular enclavada en el suroeste de Caracas, según constató El Estímulo.
En una alocución del 1º de marzo, Maduro dijo: “¡En los CLAP no hay bachaqueo ni inflación!”, pero en los últimos 6 meses el aumento en el pago de las bolsas ha sido de 90%.
Y el “bachaqueo” (reventa en el mercado negro) parece formar parte de la estructura misma del negocio, lo que para algunos funcionarios de gobierno, incluso, es visto como normal.
Muchos de los comités a cargo de entregar el racionamiento -según el gobierno son más de 27 mil- se quedan con parte de los productos para luego negociarlos a precios más elevados.
Cada vez hay menos alimentos que repartir bajo el subsidio, por cuanto las empresas tienen varias de sus líneas paralizadas por falta de materia prima. Además, las importaciones, incluso las del gobierno se han reducido, por lo que esta política parece tener sus días contados.
Los CLAP, como casi todas las políticas que el Ejecutivo ha puesto en funcionamiento para atacar la escasez, nació con una falla en el diagnóstico y es que parte del principio de que el problema es de distribución y no de oferta.
Antonio Pestana, presidente de Fedeagro, señaló que con apenas 25% del gasto que el gobierno ha hecho en los CLAP se podría disparar la producción agrícola.
– Burocracia y corrupción –
“Los venezolanos consumen 44 millones de alimentos al día. La estructura política del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) -en el gobierno- no puede tener una eficiencia más allá de 25% en la población. Ninguna organización política puede montar un sistema para hacerlo, pero sí para alimentar la burocracia y la corrupción”, dijo para El Estímulo Rodrigo Agudo, consultor de empresas, especialista en planificación y asesor de gremios vinculados a la producción de leche y carne.
De acuerdo con los cálculos del ex ministro de Planificación de Hugo Chávez, el economista Felipe Pérez Martí, en el negocio de la importación de alimentos, el 80% queda en manos de los militares y sus redes de distribución, dijo hace dos meses al portal Frontal27.
En julio de 2016, el presidente Maduro dio al sector castrense todo el poder para manejar la distribución de alimentos en el país, a través de la Misión Abastecimiento Soberano y Seguro.
Pero la corrupción permea todos los niveles. El mismo Freddy Bernal, jefe del Centro de Control Nacional y Mando de los CLAP, reconoció el 7 de marzo en entrevista a Unión Radio que este mecanismo de distribución se ha transformado en el negocio del momento y que había 115 personas detenidas por la comisión de delitos relacionados al acaparamiento, desvío y sobreprecio.
Este sistema de distribución cuenta con la bolsa que entrega la totalidad de los productos de origen nacional, para lo cual el gobierno obliga a las industrias de bienes priorizados a destinar 50% de su producción a las estructuras que los dirigen; la bolsa mixta (nacionales e importados) y las cajas que ofrecen alimentos traídos principalmente de México y Panamá.
En este último caso, desde la Asamblea Nacional se ha denunciado que una caja CLAP no puede costar 1.000 dólares con productos comprados a la tasa preferencial de 10 bolívares por dólar. Su costo a la familia beneficiada es de Bs 10.400.
– Condenados al fracaso –
Más allá de la red de corrupción que se teje alrededor de los CLAP, Agudo insiste en que el problema es de abastecimiento. “No hay productos, no hay disponibilidad. Destruimos la producción nacional y mientras teníamos dólares podíamos importar para sustituir la producción. Los CLAP no pueden sustituir más de 125 mil establecimientos formales en todo el país. Los CLAP están condenados al fracaso”, dice.
Concebida como una estructura política que utiliza el partido de gobierno, los CLAP son también violatorios de los derechos humanos, destaca Agudo.
El Estatuto de Roma -instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional- establece en su artículo 21, en su apartado 3, que “la aplicación e interpretación del derecho (…) deberá ser compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, sin distinción alguna basada en motivos como el género (…), la edad, la raza, el color, la religión o el credo, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, el nacimiento u otra condición”.
Los CLAP son discriminatorios porque no atienden a toda la población por igual. “Son una célula política”, asegura el experto en planificación y gerencia.
En este momento en el que Venezuela tiene la inflación más alta del mundo, una escasez acentuada y una recesión que raya en la depresión, superar el problema de abastecimiento ya no es solo una cuestión de hacer el diagnóstico correcto.
“Estamos en una crisis alimentaria y el Estado como un todo (incluye al Poder Legislativo) no puede resolver el problema porque ya es estructural. No puede garantizar la producción ni los dólares, necesitamos ayuda internacional, financiamiento externo, y ello se consigue cuando haya gobernabilidad”, precisó.
El modelo del socialismo fracasó y hay que cambiarlo, dice el entrevistado para advertir que de no ocurrir se comprometerá más aún la salud de la población, ya que, de acuerdo con estadísticas que maneja, el consumo de proteína animal ha caído más de 60% entre 2015 y 2017.