Caída de la ayuda venezolana golpeará los programas sociales de Nicaragua
La caída de la cooperación de Venezuela con su tradicional aliado Nicaragua, que se concentra en el área de préstamos petroleros, golpeará los programas sociales y asistenciales del Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega.
Además, si hay un problema con las divisas, derivado de que no entren suficientes fondos por la financiación de Venezuela, afectará al sistema bancario local, principalmente a la privada Caja Rural Nacional (Caruna), que maneja recursos de la cooperación venezolana.
La reducción de la ayuda de Venezuela, un 43,8 % el año pasado, también pudiera tener un efecto negativo fiscal y una desaceleración en el consumo, advierten economistas independientes y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En 2016, la cooperación de Venezuela con Nicaragua alcanzó 207,5 millones de dólares, inferior a los 369,5 millones de dólares de 2015, una caída que sucede a otra del 44,3 % del año anterior, según el Banco Central.
Los fondos de la cooperación venezolana, que suman 4.820,8 millones de dólares desde que el dos veces reelegido presidente Ortega asumió el poder en enero de 2007, son administrados al margen de la ley del presupuesto nacional, algo que es criticado por diversos sectores.
La ayuda venezolana en 2016 se desglosó en préstamos en colaboración petrolera de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) (91,3 millones de dólares), con el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico Social (Bandes) de Venezuela (1,5 millones de dólares) y en inversión extranjera directa (114,7 millones de dólares), según el banco emisor del Estado.
De los 91,3 millones de dólares en préstamos de PDVSA, el 62 % fue destinado a proyectos socio productivos, entre ellos un subsidio energético (25,7 millones de dólares), industria (5,3 millones) y desarrollo del comercio justo (5 millones).
También para inversión financiera (4,7 millones), producción agropecuaria y forestal (3,8 millones), desarrollo empresarial (3,1 millones) e infraestructura habitacional (2,3 millones).
Los recursos restantes de los préstamos de PDVSA fueron asignados a proyectos sociales, entre ellos 9 millones de dólares para soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, 4,2 millones a infraestructura urbana y rural, 3,1 millones a inversión social, 2,6 millones a salud, agua y saneamiento, 2,4 millones a educación, cultura y recreación y 3,7 millones a otros proyectos complementarios, entre otros.
El jefe de una misión del FMI en Nicaragua, Fernando Delgado, advirtió esta semana que la disminución de la cooperación venezolana representa un riesgo inmediato para la economía nicaragüense, más aún si sigue a la baja.
En ese sentido, recomendó a Nicaragua racionalizar y focalizar los subsidios que han demostrado ser muy ineficientes y donde existe muchas posibilidades de fraude, debido a que la ayuda no siempre llega a gente que la necesita.
La severa caída de la cooperación venezolana en los últimos dos años, según el economista independiente Nestor Avendaño, también ha causado una desaceleración en el consumo desde mediados de 2016, como resultado de la contracción de la masa monetaria.
La cantidad de dinero que circula en la economía está creciendo menos que antes, pasó de un ritmo promedio mensual de un 20 % a uno de un 10 % en marzo pasado, debido a que el Banco Central no tiene suficiente recursos externos en perspectiva que ingresen al país, por ende tiene que disminuir la demanda de importaciones de bienes y servicios para proteger las reservas internacionales.
Según el economista, en la actualidad hay una venta más lenta de carne de pollo, cervezas, automóviles y productos ferreteros.
Para economistas consultados por Efe, Nicaragua corre el riesgo de sufrir una desaceleración económica en un momento dado, si no consigue otras fuentes alternativas de ingresos ante la reducción de la cooperación venezolana.
En caso de que Nicaragua no consiga esos recursos alternos externos, se verá obligado a revisar la política fiscal, que puede incluir la eliminación de exenciones y exoneraciones a las empresas, el generar más ingresos tributarios, reducir el gasto público y poner fin a la mayoría de los programas sociales.