Exigen a Fiscalía que investigue a Maduro por pago de 11 millones de dólares para campaña de Chávez
La organización Transparencia Venezuela exige al Ministerio Público (MP) que investigue la relación entre los publicistas Joao Santana y Mónica Moura con el presidente Nicolás Maduro. Esta petición se debe a una declaración de esta última, quien señaló a la fiscalía brasileña que, cuando era canciller, el ahora jefe de Estado les pagó de forma irregular 11 millones de dólares para la última campaña del fallecido presidente Hugo Chávez en 2012.
En un comunicado, Transparencia Venezuela explicó que Santana y Moura fueron detenidos en febrero de 2016 por las autoridades brasileñas por corrupción relacionada con la empresa Odebrecht. Ambos fueron declarados culpables, pero colaboran con el Ministerio Público Federal de Brasil a cambio de que reduzcan las penas que les fijaron los tribunales.
“La colaboradora informó que el canciller Nicolás Maduro exigió que la mayor parte de los pagos referentes a la campaña de reelección se hicieran con recursos no declarados, los pagos extraoficiales serían hechos por Odebrecht y por Andrade Gutiérrez”, señala la declaración publicada ayer por las autoridades brasileñas.
Los 11 millones de dólares fueron recibidos por la pareja brasileña en efectivo y fueron parte de un pago total de 35 millones por la creación de la campaña “Chávez corazón del pueblo”.
Comunicado de prensa de Transparencia Venezuela
Transparencia Venezuela solicita a la Fiscalía investigar al presidente Nicolás Maduro por la supuesta financiación ilegal de la última campaña electoral de Chávez
La solicitud la formula la organización a propósito de la difusión este jueves de la declaración (delación) de Mónica Moura -esposa del reconocido publicista brasileño Joao Santana y responsable de idear la campaña “Chávez corazón del pueblo”- ante el Ministerio Público Federal de Brasil y en la que aseguró que el ahora mandatario le pagó, en efectivo, parte del dinero solicitado por ella y su marido para elaborar el concepto de la campaña.
En el documento de 16 páginas, Moura asegura que en 2012 el entonces canciller Maduro la recibió junto a su marido en su despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores. En esa reunión habrían acordado que Santana se encargaría de confeccionar la campaña a cambio de recibir 35 millones de dólares. Una parte del pago -11 millones de dólares- habría sido hecho en efectivo y con fondos irregulares por quien, para la época, era el jefe de la diplomacia venezolana.
“Informa la colaboradora que el canciller Nicolás Maduro exigió que la mayor parte de los pagos referentes a la campaña de reelección se hicieran con recursos no declarados, siendo que los pagos extraoficiales serían hechos por Odebrecht y por Andrade Gutiérrez”, se lee en el escrito, en el cual ella asegura que unos 9 millones de dólares jamás fueron cancelados por las autoridades venezolanas.
Moura, en su declaración a la Fiscalía brasileña, aseguró que ella y Santana viajaron a Caracas en el avión privado de Andrade Gutiérrez y que algunas veces lo hicieron acompañados por exministros del ahora expresidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, quien también está siendo investigado.
Santana y Moura fueron detenidos en febrero de 2016 al llegar a Brasil desde República Dominicana, donde trabajaron para la campaña electoral por la reelección del presidente Danilo Medina. Tras ser declarados culpables de participar en esta trama corrupta, acordaron ayudar al Ministerio Público con sus investigaciones de la Operación “Lava Jato” a cambio de reducciones de sus condenas.
La Operación “Java Jato” es una gran averiguación iniciada por la justicia brasileña en 2014 que ha llevado a la cárcel a decenas de políticos y empresarios acusados de haber pagado sobornos a cambio de recibir contratos con la petrolera Petrobras. Entre los condenados figura el presidente de la constructora Odebrecht, Marcelo Odebrecht.
Transparencia Venezuela también solicita al Ministerio Público informar sobre el resultado de las gestiones que anunció el pasado mes de enero para determinar si funcionarios venezolanos recibieron sobornos de Odebrecht, tal y como lo admitió el presidente de dicha empresa.