Foro Penal insiste que hay oficiales de la Fuerza Armada detenidos
Un activista de la ONG Foro Penal denunció la detención de al menos 65 oficiales en medio de versiones de opositores y analistas sobre un presunto malestar en las fuerzas armadas venezolanas. El Gobierno negó los arrestos y dijo que la oposición busca una “sublevación militar”.
El director de la organización humanitaria, Alonso Medina Roa, informó a The Associated Press sobre la detención de los 65 oficiales de diferentes fuerzas e indicó que hay otro grupo recluido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que hasta el momento no ha sido presentado ante los tribunales ni se le ha permitido contactar a abogados.
El Foro Penal Venezolano, que es una organización no gubernamental que desde hace más de una década defiende a personas detenidas de manera arbitraria, está dando asesoría legal a los militares arrestados y sus familiares.
Medina Roa, defensor de algunos de los oficiales detenidos, precisó que entre los arrestados está un capitán que comandaba un importante destacamento del estado fronterizo de Táchira. La denuncia coincide con la que realizó el dirigente opositor y excandidato presidencial Henrique Capriles, quien indicó que varias decenas de oficiales fueron arrestados por expresar su descontento con la represión de las protestas contra el gobierno, según informaciones que le aportaron sus familiares.
Medina Roa indicó que los uniformados procesados han sido imputados por las autoridades militares por los delitos de traición a la patria e instigación a la rebelión. Agregó que en muchos casos no se cumplió el debido proceso, lo que viola los derechos fundamentales de los detenidos.
“La fuerza armada está completamente dividida”, dijo Capriles a la AP e indicó que hay un “profundo descontento” con el gobierno de Maduro.
“Si el pueblo tomara el palacio, los militares no intervendrían para salvar a Maduro”, dijo Daniel Lansberg-Rodriguez, un profesor de la Universidad Northwestern, pero “los militares no tomarían el palacio en las circunstancias actuales”.
Lansberg-Rodriguez dijo que los militares que no simpatizan con el Gobierno tienden a tener rangos bajos y que es posible que haya más deserciones, sin embargo, aclaró que es poco probable que alguna de las cuatro ramas actúe contra Maduro. “El gobierno ha hecho lo mejor que ha podido para tener a los militares comparativamente felices”, dijo.
El ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, rechazó los comentarios que han hecho opositores sobre la fuerza armada y dijo en una entrevista con el canal ruso de televisión internacional RT que los opositores poseen una “profunda ignorancia” sobre los militares venezolanos. Padrino López agregó que las fuerzas armadas están concentradas en sus “tareas constitucionales”de defensa militar, cooperación en el mantenimiento del orden interno y participación en el desarrollo del país.
La AP solicitó al Ministerio de Comunicación una reacción sobre la denuncia de Medina Roa pero no hubo comentarios de momento.
Padrino López también desestimó los cuestionamientos por el pase de decenas de civiles detenidos a tribunales castrenses y dijo que la Fiscalía Militar actúa porque “hay un delito de naturaleza militar”.
Las fuerzas armadas, integradas por más de 60.000 hombres, son consideradas una estructura clave en la estabilidad al gobierno de Maduro, que durante sus cuatro años de mandato ha incrementado de manera progresiva la presencia de militares en su gabinete. Maduro, al igual que su antecesor Hugo Chávez, mantiene una estrecha relación con los altos mandos, lo que según algunos analistas le ha asegurado el control de las fuerzas armadas.
El martes, varios militares venezolanos retirados de alto rango que residen en Florida instaron a sus compatriotas a que continúen las protestas callejeras contra del gobierno y exigieron a las fuerzas armadas de la nación sudamericana que dejen de reprimir a los manifestantes y se alíen con la gente.
Capriles y otros dirigentes han exhortado a las fuerzas armadas a que actúen apegadas a la Constitución y cesen la represión de las manifestaciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que señalan de dar un “golpe de Estado” al limitar las competencias de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y promover una reforma de la constitución.
La tarde del jueves se registró una nueva protesta en rechazo por la muerte de un joven periodista en una protesta contra el gobierno. Desde Caracas, miles de personas se movilizaron para honrar a Miguel Castillo, de 27 años, quien falleció la víspera por un disparo de arma de fuego en medio de una protesta en la capital.
Con la muerte de Castillo, quien recientemente se graduó de comunicador social, se elevaron a 41 los muertos en las protestas, aunque la Fiscalía General solo reconoce 38.
En la noche del jueves, el presidente venezolano expresó sus condolencias a los familiares de Castillo y comentó que investigaciones preliminares apuntan que el joven “murió en extrañas circunstancias”, al parecer como consecuencia de un disparo a corta distancia, “lo asesinaron a cinco metros”.
Sobre las denuncias de excesos policiales en la víspera, el mandatario afirmó que ordenó “la investigación y el castigo” a cualquier funcionario que abuse de la fuerza física contra cualquier ciudadano, “pero también pido que se investigue y castigue el llamado a golpe de Estado”, así como “la agresión permanente a la Guardia Nacional y a la policía”, agregó.
La actuación de los cuerpos de seguridad ha sido cuestionada por organizaciones humanitarias, opositores y por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que han acusado al gobierno de excederse en la contención de las manifestaciones.
El mismo día, el diputado opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, dijo desde el palacio presidencial de Perú, tras reunirse con el mandatario Pedro Pablo Kuczynski, que están recorriendo “todos los países de la región porque necesitamos su ayuda” para que a través de la solidaridad internacional el gobierno de Maduro “se abra a una solución democrática”.