Luisa Ortega Díaz denuncia que el TSJ planea quitarle competencias a la Fiscalía

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, reveló que dentro del Tribunal Supremo de Justicia “circula una decisión” para poder restarle “titularidad” de la acción penal al Ministerio Público. Ante esto, aseguró que sería “otro retroceso en los Derechos Humanos” y que además produce “un alto costo político” al Ejecutivo.

Entrevistada en Unión Radio por Vladimir Villegas (conversación que salió después de una transmisión en cadena nacional que interrumpió la tertulia), Ortega Díaz indicó que “no existe una forma válida de retroceder a un proceso legal distinto”, es decir, del pasar del “modelo acusatorio”, alcanzado con la Constitución de 1999, a uno “inquisitivo”, que estuvo vigente en la Carta Magna de 1961.

“El proceso penal acusatorio es exclusivo del Ministerio Público”, subrayó y dijo que los venezolanos esperan a que el TSJ pueda garantizar “la vigencia de la Constitución”, así como estima que le brinden seguridad jurídica. A su juicio “esto va a exacerbar los ánimos y aumentar la conflictividad”.

Calificó de “aventura” esta probable sentencia y espera que el TSJ “conserve la majestad”, con lo que pueden preservar que los ciudadanos sientan una identificación con las sentencias que dictan. Agregó que las instituciones deben prestar atención a los problemas para evitar alejarse de la gente, ya que sin ellos, no tiene sentido una instancia.

Respecto a las declaraciones recientes del diputado oficialista, Diosdado Cabello, en la que afirmó que a través de la Asamblea Nacional Constituyente, Ortega Díaz aseveró “no estar aferrada a ningún cargo” y subrayó que “todos los que ostentan cargos públicos deberían tener ese criterio”, debido a que dichos puestos “no son inherentes ni hereditarios”.

“No puede ser que pretendas destruir al Estado. Si tienes una diferencia con el funcionario, debes aclararla y dirimirla. No puedes atacar la institución”, manifestó.

Aclaratoria de sentencias ante el TSJ

 

La fiscal afirmó que sí está capacitada para pedirle al Tribunal Supremo de Justicia una aclaratoria sobre la sentencia que emitió en relación a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.

A su juicio se ha evidenciado una “violación progresiva de los Derechos Humanos” en el país, por lo que calificó de “retroceso” la realización de la ANC y destacó que “con más razón” debe preguntarse en la actualidad a los venezolanos si quieren llevar a cabo el proceso, gracias a los “tantos derechos” que están estipulados en la Constitución.

”Estoy plenamente facultada para la solicitud que hice, una de las atribuciones del Ministerio Público es actuar en representación del interés general”, dijo. Junto a esto cuestionó que cómo se puede entender que el pueblo “transfiere” su soberanía a los poderes constituidos, a lo que afirmó que el pueblo “bajo ninguna circunstancia” puede traspasar su soberanía.

“Pareciera que los poderes constituidos tuvieran más poder que el pueblo”, puntualizó.

Exhortó al Poder Judicial a dar respuesta lo más pronto posible sobre las aclaratorias que introdujo “sobre todo como se ha venido dando el proceso de la ANC”. Según su opinión, elementos como la participación “protagónica” del pueblo y los principios de la “democracia participativa” no estarían presentes en esa sentencia, a lo que indicó que “volvimos a 1961″.

Responsablidad como Fiscal

 

Luisa Ortega Díaz aseveró no tener parcialidades políticas en su gestión, sino más bien “una responsabilidad de Estado”. “Mi preocupación es el país, el respeto a los Derechos Humanos, el bienestar de la colectividad”.

Es de la opinión de que todos los funcionarios públicos deben tener tal preocupación. “Con respecto a mis funciones, debo preocuparme por la investigación penal, la administración de justicia y que se sancionen a los responsables”. Destacó que con su línea de trabajo le es imposible “tutelar los conflictos y las agresiones”, por lo que está enfocada en “resolver y dar respuesta a la ciudadanía”.

Aseguró que durante las protestas, el Ministerio Público “por cada una de las denuncias que hemos recibido”, la Fiscalía ha iniciado investigaciones penales y dado su “mayor esfuerzo” para que exista una solución del problema.

“Lo que no ocurre es que la investigación esté sesgada. No se va a condenar a alguien por razones políticas (…) Que resulte condenado por las pruebas y no por tal o cual tendencia”, dijo.

Reprochó tajantemente la violencia registrada en las manifestaciones de los últimos 62 días y recalcó que siempre ha hecho un llamado a la paz en el país. “Si alguien ha llamado a la paz en este país, he sido yo (…) no solo desde la mente, sino también del corazón. No se puede llamar a la paz desde la agresión. No puede ser que haya ese discurso”.

También rechazó el llamado “escrache” en contra de exfuncionarios del Estado e insistió en que también lo hace “cuando le pasa a la oposición”, con lo que dejó claro que es “la fiscal de todos los venezolanos” y “no de un grupo”.

“Debo abrirle las puertas de la institución a todos. Sino, ¿a qué institución van a acudir? Eso de negar el derecho ajeno para anteponer el aniquilamiento del otro o la destrucción de bienes materiales, lo fustigo, lo repudio”, manifestó.

Reveló que la Defensoría del Pueblo “nunca ha participado” junto a la Fiscalía en las investigaciones y señaló que será el pueblo quien evalúe si su despacho “está a la altura de las circunstancias”.

Resaltó no ser adversaria del presidente Nicolás Maduro y le exhortó que “en el marco que lo que ocurre en el país, echara para atrás la Constituyente, que el CNE adelantara las elecciones regionales y que siga insistiendo en el diálogo. Que busque otros voceros internacionales, no se quiénes, pero que busque otros”.

“Cuando uno tiene estos cargos, uno no duerme tranquilo (…) Es imposible dormir y tranquilo”, aunque agregó que su conciencia está tranquila.

Señaló además que si existen fallas, “las corregiremos”.

Casos de fallecidos en protestas

 

Ortega Díaz dijo que hasta el momento van 63 personas fallecidas, aunque atribuyó 19 de estas a los cuerpos de seguridad que actúan en la contención de las manifestaciones.

Destacó que la Fiscalía ha solicitado aprehender a 19 uniformados y que esto no se ha materializado porque los señalados no han sido puestos a la orden del Ministerio Público (MP).

Asimismo, destacó que al menos 422 personas han sido privadas de libertad por los hechos violentos que han derivado de la ola de manifestaciones que inició el pasado 1 de abril y, remarcó, que de ese total hay 28 personas privadas de libertad por violar derechos fundamentales.

La fiscal precisó que el MP ha abierto 3.390 investigaciones por hechos violentos ocurridos en medio de la crispación social y política que ha dejado además, según dijo, 1.189 heridos y 35 órdenes de captura pendientes por ejecutar.

Reiteró que la Guardia Nacional “no puede ejecutar funciones militares” en estos escenarios, ya que en los manuales de seguridad se estipula que cuando participan en las manifestaciones, “son unos policías más”.

Dijo que el CICPC es “una de las mejores policías científicas de la región”, pero dejó entrever que a veces son subutilizados al ser empleados en labores de patrullaje. En las investigaciones, resaltó que han tenido su colaboración “en muchos de ellos”, al igual que de la Guardia Nacional.