TSJ pide información sobre avioneta usada de forma “privada” por la Fiscal Ortega Díaz

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitó al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil información sobre la avioneta que tenía el Ministerio Público bajo “medida de aseguramiento”  desde el año 2014. Según fuentes extraoficiales, la nave solo había sido usada para transportar a personal de la Fiscalía con el fin de realizar experticias.

Através de una nota de prensa de la institución, la Sala Constitucional de la referida instancia se declaró “competente”  para conocer la acción de amparo ejercida por el Ministerio Público en contra de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones en la que se acordó “levantar” la medida de aseguramiento real sobre una avioneta, marca King Air 300, matrícula YV2899, en la que se acordó devolverla a sus dueños legítimos, la compañía Delta Sierra 2012

Ante el abandono de la causa formulada por el Ministerio Público, la Sala Constitucional pidió a la mencionada Sala a dar copia del informe para su estudio, que se encuentra en el expediente que tiene en su poder el INAC.

Esos registros deben ser acompañados de la siguiente información: destinos, sean nacionales o internacionales, especificación de fechas de los vuelos, horas de vuelo, aeropuerto de aterrizaje, así como identificación de la tripulación y la identificación de los pasajeros en cada uno de esos movimientos de la aeronave.

Este jueves, Abraham Musa, representante de la empresa Delta 2012, afirmó que tras dos años de espera, la aeronave en cuestión fue devuelta a sus dueños. Dijo que desde 2015 se habían girado comunicaciones a la Fiscalía para dar celeridad en el caso, pero el mismo había sido desestimado.

Musa se refirió al informe del INAC, en donde supuestamente consta que ese avión fue usado de forma “privada” por la titular del Ministerio Público y su esposo, el diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, Germán Ferrer. Alegó que la nave solo podía ser usada por personal de la Fiscalía “y Germán Ferrer no es funcionario”, alegó el jurista.

El abogado de Delta 2012 indicó que estudiarán con detenimiento el caso para, de ser necesario, iniciar acciones legales, lo que podría acarrear un antejuicio de mérito contra Ortega Díaz.

Por otra parte, la Sala Político Administrativa del TSJ declinó en la Sala Constitucional la competencia para decidir si acepta o no la demanda interpuesta por un grupo de abogados, en la que además piden el amparo cautelar y la suspensión de efectos contra los decretos que emitiera el presidente Nicolás Maduro el pasado 1° de mayo, en los que convocó a una Asamblea Nacional Constituyente y creó una Comisión para tal fin.

En la sentencia la sentencia N° 647 de la mencionada Sala, con ponencia de la magistrada María Carolina Ameliach Villarroel, entre otros aspectos, decidió que esa instancia consideró que  es la jurisdicción constitucional, que maneja la Sala Constitucional, la llamada a decidir sobre el caso.