Fiscal General: Medida otorgada a López no significa que magistrados sean legítimos
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz se pronunció respecto a la decisión que emitió este sábado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y que otorgó medida de arresto domiciliario a Leopoldo López e indicó que el hecho de que este ente haya efectuado tal hecho, no le da legitimidad.
“El hecho de que hayan tomado esa decisión no significa que esos Magistrados mágicamente sean ahora legítimos. A todo evento siempre prevalecen los derechos del detenido, por encima de cualquier interés artero e inconfesable”, dijo en una entrevista exclusiva a La Tercera.
Entre otras cosas, Ortega Díaz criticó el proceso de Asamblea Constituyente que pretende imponer Nicolás Maduro el cual, en su opinión, no soluciona la grave crisis del país.
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A Luisa Ortega Díaz la han catalogado como la “fiscal rebelde” de Venezuela. Eso ya que la titular del Ministerio Público, una aliada fiel de Hugo Chávez, ha surgido en los últimos meses como una de las principales voces disidentes del oficialismo.
Tras denunciar la represión en las marchas antigubernamentales y generar una férrea oposición hacia la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, la abogada de 59 años se enfrenta en los próximos días a su posible destitución, luego que la Justicia iniciara un antejuicio en su contra. En una entrevista exclusiva con La Tercera, la fiscal comentó la liberación de Leopoldo López –condena en la que ella participó- y criticó el proceso de Asamblea Constituyente el cual en su opinión, no soluciona la grave crisis del país.
– ¿Cómo evalúa usted la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de otorgar una medida humanitaria al dirigente político Leopoldo López?
Yo creo en el principio de que la libertad debe ser la regla. Todo lo que sea a favor de la libertad de las personas lo considero positivo, más si contribuye a la paz y estabilidad del país. Lo que hay es que tener cuidado en el contexto en el que se toman estas decisiones es el de una crisis política y de una profunda falta de credibilidad y de respeto hacia el Tribunal supremo de Justicia.
No se puede usar a las personas privadas de libertad como si fuesen unos rehenes que pueden ser objeto de negociación, tal como lo hacen algunos grupos delictivos con las personas que secuestran. No se debe instrumentalizar un caso tan delicado y sensible para el país para tratar de legitimarse y mejorar su imagen.
El hecho de que hayan tomado esa decisión no significa que esos Magistrados mágicamente sean ahora legítimos. A todo evento siempre prevalecen los derechos del detenido, por encima de cualquier interés artero e inconfesable.
Paradójicamente, ahora pretenden usar ese caso como parte de la campaña contra el Ministerio Público, la cual es una institución independiente, donde cada fiscal lleva sus casos de manera autónoma según sus criterios que deben obedecer a hechos concretos que deben ser encuadrados a la estricta legalidad. Si en ese caso hubiese alguna irregularidad esto a todo evento ratificaría la responsabilidad de los tribunales que son los que toman la decisión final y tienen el deber de controlar judicial y legalmente las actuaciones de los fiscales, que la investigación sea ajustada a derecho y que se respete el debido proceso ¿dónde está la responsabilidad del juez de control, el de juicio y el de ejecución? Son ellos los que finalmente toman las decisiones. Cada uno que asuma su rol y su responsabilidad, yo siempre he asumido las mías y lo seguiré haciendo.
El proceso penal no debe ser un instrumento de propaganda ni de campaña, allí está en juego la vida y los derechos de las personas.
– La apertura de un juicio en su contra y las acusaciones que ha realizado el oficialismo, ¿son políticas?
Se trata de acusaciones sin fundamento jurídico y con fines políticos. Desde el punto de vista estrictamente jurídico están enredados, confunden un proceso de remoción con un juicio de carácter penal, cuando ninguno de los dos supuestos es procedente, los vicios de forma son abundantes, sin contar todas las violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa que allí se han evidenciado. Desde el punto de vista político es un mensaje muy grave y negativo, en el que pretenden ejercer el poder sin ningún tipo de límites legales ni institucionales. Insisten en aplicar las sentencias en las que aniquilaban a la Asamblea Nacional, sentencia tan escandalosa que ellos mismos mediáticamente recogieron, pero que insisten en aplicar por la vía de los hechos.
Por otra parte, hay que recordar que todas las solicitudes que he interpuesto ante el TSJ se han declarado inadmisibles y en un tiempo exprés.
Respecto a la solicitud de antejuicio de mérito, el diputado Pedro Carreño ofreció como prueba una sentencia que para el momento en el que introdujo el escrito ni siquiera había sido publicada. ¿Cómo se explica que se presente a manera de prueba una sentencia que no estaba publicada? ¿Cómo es que ya conocía el contenido de la misma? Esto entre muchas otras inconsistencias, algunas de ellas dignas de ser objeto de investigaciones posteriores.
No debe olvidarse que este grupo de magistrados que ha participado en el desmantelamiento paulatino del Estado de Derecho y sus instituciones legítimas, no cumplen con los requisitos exigidos por la ley para estar en sus cargos, y el procedimiento de su designación fue ilegal. Esa es la razón de fondo, que es pública y notoria, por la cual tanto yo como la entonces Secretaria del Consejo Moral Republicano nos negamos a firmar el acta con su postulación y así lo demuestra esta acta que ahora quien dirige el Consejo Moral Republicano dice que no existe, pero aquí está y yo nunca la firmé.
– ¿Cree que el proceso de Asamblea Constituyente atenta contra el legado del fallecido mandatario Hugo Chávez? ¿Por qué?
Sí lo creo porque no solo no convoca al poder originario a un referendo consultivo sino que también elimina el concepto constitucional de la democracia participativa y protagónica. El presidente Chávez llamó al referendo en 1999 y siempre consultó la opinión del pueblo. ¿Por qué ahora no se quiere hacer? ¿Será porque las encuestas más serias señalan que 90% del pueblo rechaza la constituyente? Esa constituyente, que impone la visión de un sector del país, no solucionará los graves problemas de abastecimiento de medicinas y alimentos, así como tampoco la inseguridad ciudadana y la descomposición social. De consolidarse la Asamblea Nacional Constituyente los venezolanos comenzaríamos a vivir las horas más oscuras de toda nuestra historia republicana, de consolidarse este proyecto se estaría desmontando la democracia en nuestro país.
Por eso, hago un llamado a la unión de todos los venezolanos, para que defendamos la Constitución, la democracia, el Estado de Derecho, los cuales pretenden ser arrebatados por una minoría que lo que busca es perpetuarse en el poder de espalda al pueblo y a la realidad del país. Esa minoría ha demostrado que el soberano no les duele, que solo lo invocan en sus discursos para manipularlo, de lo contrario, si en verdad les interesara, no lo tendrían sumido en la miseria ni en las carencias que hoy padecen.
– ¿Siente que su vida corre peligro? ¿De parte de quién? ¿Qué tipo de amenazas ha recibido usted y su familia?
Mi proceder está ajustado a la Constitución Nacional de 1999 y las leyes. No voy a caer en provocaciones. Hemos recibido presiones que no voy a detallar aquí. Soy respetuosa de las ideas contrarias a las mías, pero indudablemente si me ocurriera algo negativo a mí o a mis familiares, responsabilizo de esto al gobierno nacional. Sin duda puedo afirmar que el Sebin está siguiendo y amedrentando a mi familia constantemente.
– ¿Cree que pueda ser destituida de su cargo?
Si estuviéramos en un Estado de Derecho, mis actuaciones no serían objeto de represalias políticas, insultos y descalificaciones de parte de altos funcionarios del gobierno. Ni tampoco unos magistrados a los que he pedido su investigación, por irregularidades al momento de ser designados, pudieran materializar el descaro de sobreseerse a sí mismos y posteriormente pretender conocer casos en mi contra, vulnerando el principio de imparcialidad que debe regir sus funciones. De manera que si me toca defenderme, lo haré con las armas que la Constitución y la ley me dan. Este cargo no me pertenece, los cargos son circunstanciales, temporales, lo importante es hacer lo que corresponde. Cada uno de nosotros somos transitorios, lo importante son las instituciones y lo que uno deje a su paso. Mi único objetivo en esta lucha es que se restablezca el Estado de derecho, el orden constitucional y la paz en Venezuela.
– El oficialismo ha dicho que usted quiere liderar un futuro movimiento de transición. ¿Le gustaría tener un rol más político? ¿Qué rol le gustaría ejercer?
Mi único interés es la defensa de la Constitución y el respeto a los derechos humanos de los venezolanos, sin distinción de raza, sexo e ideología. Yo estoy al frente de una gran institución como lo es el Ministerio Público y en este puesto o donde sea defenderé siempre los derechos humanos y el respeto a las libertades democráticas. En estos momentos desde el Ministerio Público hay muchas cosas por hacer por el bien del país, y es en eso en lo que estoy concentrada actualmente.
– Usted ha señalado que el Tribunal Supremo de Justicia de ese país está integrado por magistrados ilegítimos. ¿Cree que ya la justicia en Venezuela no representa una salida a la crisis? ¿Cuál considera usted es la vía de salida a la crisis de Venezuela?
La tiene dos niveles, una tiene que ver con los actores y la otra con el rol que éstos deben ejercer.
Respecto a los actores, el proceso a través del cual fueron designados los magistrados en diciembre de 2015 fue ilegal e irregular, en contra de la Constitución Nacional y las leyes. Esto es el fondo, lo sustantivo del asunto. En lo formal ya he demostrado que no avalé esas designaciones en el Consejo Moral Republicano. Algunos no tienen las credenciales exigidas, lo cual está en contravención de la norma. Está claro que estos magistrados, algunos de ellos en la Sala Constitucional, no debían ser elegidos para tan alta investidura. No merecen estar en un cargo y en una Sala que es fundamental para dirimir los conflictos en el país.
Por otra parte, debemos entender que no todos los conflictos deben judicializarse, los conflictos políticos se resuelven con medidas políticas, los conflictos económicos con medidas económicas, si tú estás enfermo vas al médico especialista, no pretenderás curarte a través de una decisión judicial o con una reforma constitucional. Lamentablemente esto es lo que se pretende hacer en el país. La judicialización de la política hace un daño enorme al país y al propio sistema de administración de justicia. El poder judicial debe servir para contener, limitar legalmente al resto de los poderes públicos, no para servir de instrumento para que uno ejerza el poder sin límites o para aniquilar otros que resulten molestos.
Es por ello que hoy vemos que las decisiones del TSJ agravan la crisis que vive el país. Eso es un reflejo de que no están preparados para ejercer el cargo de magistrados de la República.
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