Gobierno formalizó entrega de bloque de la Faja a empresa vinculada a lavado de dinero

Luis Mendoza

Lic. en Comunicación Social. Periodista por vocación. Todas mis líneas las comparto a través de mi Twitter: @MendozasWork

El Gobierno de Nicolás Maduro entregó una superficie de casi 600 kilómetros cuadrados del Área Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías a la sociedad creada entre Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) y la empresa holandesa vinculada al lavado de dinero para desarrollar actividades petroleras, bajo el amparo de la sentencia Nº 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

A través de las resoluciones 136 y 137 de la Gaceta Oficial 41.276 del pasado 10 de noviembre el entonces ministro del Petróleo, Eulogio Del Pino, delimitó el área geográfica de 593,92 Km2 del Bloque Junín 10 de la Faja Petrolífera del Orinoco para que la empresa mixta Petrosur, constituida entre la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. (CVP) y la empresa Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas (Ipisa), realice labores petroleras.

El decreto, en el que además se formaliza la escogencia de la compañía nacida en los Países Bajos, surge luego de que la Gaceta Oficial N° 41.190 del pasado 11 de julioautorizara la creación de la empresa mixta entre la CVP, filial de Pdvsa encargada de negocios de la estatal venezolana con terceros nacionales o extranjeros, e Ipisa “para la producción, mejoramiento y comercialización de petróleo crudo pesado y extra” en la zona ubicada en el municipio José Gregorio Monagas al sur del estado Anzoátegui.

De esta forma, la compañía, en la que la estatal venezolana y la privada holandesa tienen una participación accionaria de 60-40, se encargará de operar uno de los bloques de la Faja del Orinoco donde se presume hay 10.500 millones de barriles de crudo extrapesado.

Esta nueva asociación se une a las más de 40 empresas mixtas que trabajan en la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, en la que intervienen naciones como Rusia, China, Italia, India, Francia, Noruega, España, Estados Unidos y Malasia; y en la que la actual administración del Ministerio Público lleva a cabo una investigación por una trama de corrupción producto de contratos con sobreprecios que se llevaron a cabo en la zona.

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Por ello, llama la atención que la nueva socia de Pdvsa sea una empresa vinculada al lavado de dinero en el exterior. Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas es una fundación holandesa con fideicomiso llamada Inversiones Petroleras Iberoamericanas y cuyos administradores han ocupado varias líneas en la prensa española por corruptela.

Entre ellos destaca el exvicepresidente de Repsol José Ramón Blanco Balín, quien fuera imputado en el caso Gratel, una red de corrupción política vinculada al gobernante Partido Popular español, de Mariano Rajoy; y John Willekes MacDonald y Jacob Broers, acusados dentro de la investigación que se le sigue al expresidente de la Generalitát de Catalunya Jordi Pujol por delito de blanqueo de capitales, entre otros.

Sentencia “carta blanca”

La asociación entre la estatal Pdvsa y la compañía de “dudosa” procedencia se da bajo el amparo de la sentencia Nº 156 del TSJ, la cual permite al Ejecutivo Nacional constituir sociedades sin la supervisión de la Asamblea Nacional.

Un trabajo publicado por la redacción de Caraota Investiga advertía que el fallo pudiera traer consecuencias “nefastas” para el país, una vez el Gobierno venezolano quedara con “carta blanca” para construir empresas mixtas y concederle los derechos a las privadas extranjeras que quieran explotar los recursos nacionales.

 

Entonces, el abogado constitucionalista José Vicente Haro advertía que “básicamente lo que se está es abriendo la puerta a una privatización de los recursos de dominio público a través de la creación de las empresas mixtas que no se está haciendo dentro del marco de una estrategia económica sino dentro del marco de obtener dinero para tener los recursos necesarios”.

Todo ello en el intento de sortear lo establecido por el artículo 150 de la Constitución que establece que “la celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional. La ley podrá exigir en los contratos de interés público determinadas condiciones de nacionalidad, domicilio o de otro orden, o requerir especiales garantías”.

Y fue a raíz de este mismo fallo del Poder Judicial, junto a la sentencia 155, que el país se embarcó en más de cuatro meses de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que culminó con un trágico resultado de más de 130 muertes como consecuencia de las acciones represivas de las órganos de seguridad del Estado; miles de heridos; casi 600 presos políticos, según cifras arrojadas por el Foro Penal Venezolano; y decenas de violaciones a los Derechos Humanos, denunciados por la oficina de las Naciones Unidas en esta materia.

Aún así, todavía están vigentes las decisiones que abrieron las puertas para que el Ejecutivo y la Sala Constitucional del TSJ tomen decisiones sin ningún tipo de control sobre la creación de empresas mixtas.

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