La responsable de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela entre 2011 y 2013, Claudia Patricia Díaz, ha sido detenida este miércoles en Madrid, junto a su marido Adrián Velásquez, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y corrupción.

Así lo confirmaron a este diario fuentes conocedoras de la investigación, que precisaron que el operativo de detención, realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) y coordinado por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, fue producto de una orden de detención cursada por el actual Gobierno venezolano, que pide la extradición de la pareja.

Claudia Patricia Díaz Guillén es una de las enfermeras que trató al ex presidente de Venezuela Hugo Chávez antes de su fallecimiento, y a la que éste eligió como responsable del Tesoro y de la Secretaría del Fondo de Desarrollo (Fonden). Adrián Velásquez es un militar retirado que desempeñó funciones de seguridad en el Palacio de Miraflores.

Los hechos investigados se centran en operaciones inmobiliarias y en la venta irregular de bonos venezolanos que les permitieron amasar una fortuna. Precisamente, una de las operaciones investigadas es la compra de una vivienda en Madrid, por 1,8 millones de euros, en 2015.

Díaz y Velásquez salieron de Caracas tras la muerte de Hugo Chávez, en 2013, para instalarse en República Dominicana. Después se trasladaron a España, donde han residido de manera clandestina. Velásquez Figueroa apareció en los llamados papeles de Panamá, por contratar los servicios del bufete de abogados Mossack Fonseca, dedicado a crear empresas para ocultar dinero.

Este diario contactó con el abogado de la pareja, Manuel Varela, que denunció al Gobierno de Nicolás Maduro por usar a sus clientes como «chivos expiatorios para distraer a la gente de la miseria que está viviendo el pueblo venezolano».

«Esta petición [de extradición] viene de un régimen criminal condenado por la comunidad internacional por violación de derechos humanos y por falta de respeto a conceptos básicos de debido proceso», advirtió el letrado. «Nuestros clientes, como muchos antes de ellos, llevan años perseguidos por el régen venezolano», precisó.

Varela reprocha a España que permita al Gobierno de Maduro «utilizar instituciones del Estado español para realizar su esquema criminal». «Esperamos que un juez reconozca este abuso de normativas internacionales y que haga justicia conforme a un estado de derecho».

Será el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu el encargado de decidir sobre la extradición de Claudia Díaz y Adrián Velásquez.