Daño patrimonial podría rondar los 400 mil millones de dólares en los últimos 12 años

La trama de corrupción recientemente develada por la Fiscalía General de Estados Unidos a raíz de la desarticulación de una red involucrada en el desfalco de al menos 1.200 millones de dólares provenientes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a través del sistema de control cambiario tiene como centro a cinco venezolanos y la Asamblea Nacional tomó cartas en el asunto.

Esta información hecha pública el pasado 25 de de julio, tiene como centro a Francisco Convit, accionista de la empresa Derwick Associates; Carmelo Urdaneta, ex asesor jurídico del Ministerio de Petróleo y Minería; Abraham Ortega, ex ejecutivo de Pdvsa y socio de Abrahan Shiera y José Vicente Amparan Croquer. Y ninguno de ellos ha sido detenido.

Esta situación será abordada por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional desde donde se promete “investigar a quienes tengan que investigar”. Esto porque se pudo conocer parte del testimonio de Carmelo Urdaneta quien habla de “diputados opositores extorsionando” aunque no ofrecen nombres.

Freddy Superlano, presidente de esta Comisión, asegura que existe la voluntad política para ello y que no frenarán ninguna investigación por el hecho de que pueda haber colegas opositores incursos en estos casos.

Catorce días antes de que que diera a conocer la desarticulación de esta red en Estados Unidos, específicamente en el estado de la Florida (Miami), la Comisión de Contraloría había girado citaciones a ex funcionarios gubernamentales como Victor Aular; Rafael Ramírez Eulogio del Pino (preso); Juan Carlos Marquez; Asdrúbal Chavez; Claudia Diaz (presa); Erick Malpica Flores y Elizabeth Goveia por estar relacionados con empresas vinculadas al sector petrolero y energético y que también estarían relacionados con las personas señalas por la Fiscalía estadounidense como es el caso de Carmelo Urdaneta quien era mano derecha de Rafael Ramírez.

Asimismo, el 11 de julio fue enviada una citación a dos directivos de Globovisión, Gustavo Perdomo y Raúl Gorrín, cuyos nombres también aparecerían ligados a este desfalco de al menos, 1.200 millones de dólares. Así como a Javier Ernesto Francheschi.

Hasta el momento no han obtenido respuestas.

Parte de la información que han logrado recabar los diputados es que existen un grupo de empresas, en su mayoría registradas en el estado Anzoátegui, que durante un tiempo estuvieron ligadas a Pdvsa de forma ilegal pues Monse cumplieron con los requisitos previstos en la Ley de Licitaciones.

Estas empresas, presumen, habrían servido para lavar dólares desde la estatal petrolera recibiendo la moneda norteamericana a la tasa de cambio preferencial. Algunas de estas compañías tienen otro detalle en común: casi todas fueron registradas a nombre de personas fallecidas. No solo registradas también se les abrió cuentas bancarias.

Parte de las empresas investigadas serían:

Atlantic 10107 c.a. 
Rantor Capital c.a. 
Eaton Global Services. 
Halifax Group. 
Comercializadora Servinvest. 
Inversiones Integrales Totalgroup. 
Multiself Trade. 
Grupo Hancock Integrados Whynper. 

Superlano sostiene que han mantenido contactos no solo con la Fiscalía de EEUU sino también con la de Panamá y Costa Rica. En relación a estos dos últimos países, adelanta el parlamentario, harán anuncios importantes en los próximos días.

El cerco para obtener información por parte de los Registros Mercantiles y de instituciones como el Seniat o el Saime, dificultan la investigación de los parlamentarios pero algunos de ellos también agregan el aspecto de la seguridad pues están investigando un entramado que califican de “extremadamente peligroso”.

No solo se trata del ámbito eléctrico y petrolero. Las investigaciones llegan a los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en donde supuestamente, estaría involucrado hasta el Cartel de Sinaloa (México).

Vale recordar que en 2016, año en que asumió la oposición la Asamblea Nacional, iniciaron las investigaciones contra empresas como Derwick que, según el informe de ese momento, superaba los 35 mil millones de dólares en daño patrimonial. 

Para 2018, Superlano señala que el daño patrimonial de los últimos doce años podría rondar los 350 a 400 mil millones de dólares.
Para la próxima semana se espera que entre en el debate la segunda discusión del Proyecto de Ley de Recuperación de Capitales producto de la corrupción.

Con este instrumento legal los opositores aspiran que parte de lo robado regrese al país. Una aspiración qué pasa necesariamente por un cambio de gobierno dada la situación de la Asamblea Nacional.