EEUU sanciona a esposa de Daniel Ortega por violencia en Nicaragua
Estados Unidos sancionó el martes a la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, así como al asesor de seguridad del presidente Daniel Ortega por la sangrienta ola de represión contra manifestantes que emprendió su régimen este año, dejando un saldo de al menos 325 muertos.
En una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, el gobierno estadounidense acusó al régimen de Ortega de desmantelar sistemáticamente el sistema democrático del país centroamericano y de adoptar tácticas represivas y violencia indiscriminada contra la población civil.
Al enfatizar la necesidad de las sanciones, gobierno estadounidense también resaltó que las prácticas de corrupción vinculadas al régimen están desestabilizando la economía de la nación centroamericana.
Siguiendo los lineamientos establecidos por la orden ejecutiva, la Oficina de Controles de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro introdujo a Murillo y al asesor de seguridad Nestor Moncada Lau en su lista negra, lo que en esencia congela cualquier propiedad o activo que tengan o controlen en cualquier jurisdicción estadounidense.
La designación de la OFAC en esencia prohíbe a cualquier persona o compañía con presencia o intereses en Estados Unidos a realizar transacciones con los sancionados o con compañías donde los sancionados tengan una participación de 50 por ciento o más.
“La vicepresidente Murillo y sus operadores políticos han buscado sistemáticamente desmantelar las instituciones democráticas y saquear la riqueza de Nicaragua para consolidar su control del poder”, declaró el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.
“Esta administración está comprometida con responsabilizar al régimen de Ortega por las violentas protestas y generalizada corrupción que ha conducido a las muertes de cientos de nicaragueños inocentes y ha destruido su economía”, resaltó.
Agregó que el Tesoro estadounidense está comprometido con evitar que el círculo interno del régimen “tenga acceso al sistema financiero estadounidense para beneficiarse a costa del pueblo” de la nación centroamericana.
Murillo es una dirigente con influencia y acceso a la organización juvenil del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y a la Policía Nacional de Nicaragua, agrupaciones que jugaron un importante papel en reprimir violentamente las manifestaciones de protestas emprendidas contra el régimen este año.
Según informes de prensa, elementos de la policía nacional han formado parte de los denominados escuadrones de la muerte que han sido responsabilizados por una serie de ejecuciones extrajudiciales, secuestros y torturas.
De la misma manera, agrupaciones paramilitares vinculadas a la organización juvenil han sido implicadas en serias violaciones a los derechos humanos cometidos para reprimir las protestas.
“En junio del 2018, enmascarados armados acompañados por individuos que fueron identificados por testigos como miembros de la policía nicaraguense, incendiaron un hogar en Managua, provocando la muerte de seis personas, incluyendo dos niños”, resaltó el comunicado del Departamento del Tesoro.
Adicionalmente, “Murillo tiene un largo historial de participar en esquemas de corrupción vinculados a Nicaragua”, añadió el comunicado.
El régimen de Ortega insiste en que se solo estaba defendiendo de las acciones emprendidas por “terroristas”, y asegura haber superado un intento de golpe de Estado patrocinado por el gobierno de Estados Unidos y por elementos de la oposición del país centroamericano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que instaló en junio un mecanismo especial de seguimiento y un grupo de expertos independientes para Nicaragua para que de manera complementaria dieran seguimiento a las recomendaciones de la Comisión tras su visita al país en mayo, elevó a 325 el saldo de fallecidos durante los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua desde abril, cuando jubilados y estudiantes salieron a las calles en rechazo a recortes en la Seguridad Social.
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La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), sin embargo, coloca el número de muertos en 535 y señala que la violencia gubernamental también dejó un saldo de 4,353 heridos, 1,302 ciudadanos secuestrados, y unos 600 presos políticos.