Las ráfagas de la noche: crimen o resistencia en Petare

Entre el miércoles 23 y el lunes 28 de enero, la ola de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro y en apoyo al presidente interino Juan Guaidó, en el barrio José Félix Ribas de Petare, hizo que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) ocuparan el sector y mantuvieran enfrentamientos con bandas criminales a plena luz del día. Así se vive bajo la mira de la delincuencia y de las FAES, violencia con chapa o sin ella

Una ráfaga de tiros se escucha al fondo. “Otra vez, métanse debajo de la cama”, le ordena la señora María a sus nietos, en la zona 9 del barrio José Félix Ribas, en Petare, lugar donde ha vivido sus 62 años. A pesar de haber nacido en dictadura, no recuerda nada de ella; se crió en democracia. Pero los tiempos cambian y la historia pareciera repetirse. Es viernes 25 de enero, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana llevan tres días haciendo desastres. Todo comenzó en la víspera de la proclamación Juan Guaidó como presidente encargado de la República, frente a una multitud de gente y medios de comunicación. Desde entonces, las protestas no han cesado en todo el país y Petare no es la excepción: a pesar de tener un alcalde chavista, se ha caracterizado como un foco de la oposición desde que Diosdado Cabello dejó la gobernación del estado Miranda, según el testimonio de sus habitantes.

“Petare siempre ha sido antichavista, nuestros alcaldes y gobernadores de oposición han durado más períodos que los del chavismo y es una parroquia muy grande, clave en las elecciones regionales”, comenta Catalina Moreno, residente de la localidad. A su parecer, el trasfondo de todo el conflicto es político: se pretendía amedrentar a los pobladores de esta zona popular para evitar mayores protestas, tal como ocurrió en Cotiza. “Los barrios están alzados, no se están calando nada, nos reprimen porque se les cayó el argumento de que eran el gobierno de los pobres, del poder popular, y ahora muestran su verdadera cara”.

A diferencia del oeste capitalino, los enfrentamientos de Petare terminaron entre el hampa y las fuerzas armadas del Estado, por el control del territorio. Entre ambos bandos, la comunidad vive aterrorizada. Todas las santamarías están abajo y las calles están desoladas. Un ambiente tenso se respira entre las viviendas de bloque y cemento. Otra balacera irrumpe en el silencio, los policías se dispersan, buscan el origen de la detonación.

Pax romana

La razón esgrimida por los funcionarios de la FAES para tomar el barrio es la supuesta búsqueda de una banda de delincuentes que está al acecho desde hace meses atrás. Sin embargo, vecinos del sector aseguran que el mismo alcalde, José Vicente Rangel Ávalos, fue quien designó al líder de la banda como “juez de paz” de la zona, para garantizar su seguridad y control político. “Los mismos delincuentes estaban a cargo de la seguridad, una cosa loca, pero se acabaron los malandros y los robos, porque impusieron la justicia con sus propias manos”, relata Enrique Carreño, residente de la zona 7 y quien presenció el accionar de los antisociales.

“Unos malandritos estaban robando a la gente que iban a consultarse en el centro espiritual de la zona 7, les quitaron los teléfonos, pero cuando el patrón se enteró, enseguida mandó a sus compinches y les tirotearon las manos a los asaltantes, también les cayeron a palos”. Para algunos, los índices de criminalidad se redujeron porque los malhechores temen las represalias de sus coterráneos. Incluso, aplaudieron las nuevas medidas de paz impuestas por “el patrón”.

Los criminales se encargan de la tarea que le corresponde a los policías. Zulay Sánchez, también testigo, revela que el pran asesinó a otro grupo de asaltantes que se estaban metiendo a robar en las casas de la zona 8. Añade que el número de sucesos es largo y tendido. Leonor Rodríguez, otra vecina, cuenta que tras un robo masivo en la zona 4, producto de un bajón de luz durante la noche, miembros del pranato se encargaron de encontrar a los asaltantes y hacerles pagar por lo ocurrido.

El barrio se encausaba en la pax romana, bajo la voluntad de un hombre, el poseedor de las armas, cual caudillo del siglo XIX. ¿El costo? Ningún cuerpo de seguridad del Estado podía ingresar a la zona. Eso lo demuestra el caso de Leticia Reverol, quien se dirigió al módulo de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en la redoma de Petare, para pedir resguardo, pues un grupo de antisociales no la dejaban instalar una reja en un callejón frente a su casa. Los oficiales le recomendaron que buscara al juez de paz, pues ese territorio no podía ser custodiado por ellos. La señora, como pudo, siguió el consejo y logró enrejar su propiedad.

Retumban las ollas

Miércoles 23 de enero. En medio de los cacerolazos, una señora grita frente a la casa de Isabel Padrino, cuyos familiares no paran de pegarle a las ollas con los cubiertos en apoyo al nuevo presidente, Juan Guaidó. “Es Candela, la jefa del consejo comunal”, alcanza a decir uno de los nietos. Isabel baja las escaleras y la atiende.

La vocera de la comunidad está molesta, cree que el retumbe del metal también es en su contra. “No hay más bonos para esta escalera, ni para aquella”. Se incomoda más cuando uno de los hijos le hace saber que no tiene el carnet de la patria y no puede ser manipulado con eso. Entonces le devuelve la colaboración del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap) y le advierte que no recibirá más la caja. “Si me la vas a quitar por salir a protestar, quítamela, porque tampoco es que contamos con ella”, atesta Isabel. No dependen de esos alimentos, si así fuera no comieran a diario: la caja nunca viene completa ni mucho menos a tiempo. En diciembre llegó la de octubre y desconocen dónde están las de los últimos tres meses.

Sorprendida, la representante comunal baja la guardia. Su plan no funcionó y ahora argumenta que su vivienda es víctima de piedrazos. Más calmada, pide el dinero de regreso, mientras las cacerolas resuenan en todo el barrio. “No pueden negar lo que estamos viviendo, es una realidad que nos afecta a todos sin distinción política. Cuando aumentan el queso, ella también lo padece, no se puede tapar el sol con un dedo”, manifiesta Victoria Villegas, otra residente. Las zonas populares quieren un cambio inmediato y esperan que empiece con la salida de Nicolás Maduro de Miraflores, a quien califican de usurpador.

Petare, barrio pakistaní

Para Napoleón Meléndez, vecino de la zona 5, los delincuentes no saben de ideología, su único enemigo es la policía. “Eso ha sido así toda la vida, pero el gobierno no previno las consecuencias, armó a la gente y ahora cobra la cuota de haber apoyado a los malandros que hoy se caen a plomo con la FAES”.

Según su opinión, los cuerpos de seguridad entraron al barrio porque quieren evitar un posible estallido social, dadas las circunstancias del país, pero fueron recibidos por los jueces de paz, chispa que encendió los enfrentamientos y convirtió a la localidad en una zona de guerra, no muy distante a la realidad de Oriente Medio, de acuerdo con las declaraciones de los vecinos.

“Yo me siento viviendo en Siria o Pakistán, ni siquiera podemos asomarnos a la ventana porque según ellos estamos corriendo peligro”, indica Diana Silva. No se equivoca, la noche del 23, bombas caseras y hasta granadas fueron lanzadas cerca del elevado que comunica Petare con Palo Verde, instantes después de haber encendido fuego a una gandola que pasaba por allí. Las protestas continuaron y se dispersaron en todo el barrio José Félix Ribas, donde las FAES pernoctan durante los siguientes días e intimidan a los habitantes, con preguntas y órdenes. Tal fue el caso de Luis Herrera, quien al negar conocer a la banda perseguida, fue agredido por uno de los funcionarios. “Iba bajando con mi hermana por la zona 4 y como no respondí lo que ellos querían saber, me golpearon”.

De civiles no tienen nada

Cuando el reloj marcaba las ocho de la mañana del 24 de enero, la puerta de la casa de la señora Elizabeth sonó con fuerza. Tras despedir a su esposo y a su hijo, que se marcharon al trabajo, se había recostado un rato, mientras los dos niños que cuida y lleva al colegio, jugaban en el balcón. Salió decidida pensando que se trataba de la vecina, con quien acordó pegar la manguera por si llegaba el agua. Para su sorpresa no era ella, ni tampoco Hidrocapital.

Siete hombres uniformados, de rostros cubiertos y con armas largas, le ordenaron que abriera la puerta. Nerviosa, dio un par de vueltas a la llave y la cerradura cedió. Los sujetos ingresaron sin pedir permiso, como Pedro por su casa. Revisaron las habitaciones, el baño, la cocina y el balcón. “Está limpio, está limpio”, repitió uno, y así como llegaron, se fueron.

El procedimiento continuó por el resto del vecindario. “Tuve que parar a mi bebé porque supuestamente teníamos escondido a alguien, pero no encontraron nada y salieron”, señala Juana Lucena, otra víctima del allanamiento. La búsqueda no arrojó mayores resultados, a pesar de que hubo registros en la madrugada del viernes por la zona 10. El sábado, las calles amanecieron más llenas, pese a que ninguno de los negocios abrió por orden directa de ambos bandos. El domingo, algunas panaderías empezaron a elevar las santamarías. Si bien los uniformados se retiraron, todavía su presencia es latente, a la espera de cualquier protesta. Tal vez estén allí, disfrazados de civiles, aunque de ello no tengan nada.