Bolivia investiga posible alquiler de niños venezolanos para pedir limosna
El viceministro interino de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, manifestó este lunes que la división de trata y tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de El Alto, colindante a La Paz, iniciará una investigación sobre la posible explotación infantil de niños venezolanos.
«Nos preocupa la situación de los menores», expresó Santamaría en medio de un operativo realizado en un alojamiento en la zona Villa Dolores de la ciudad de El Alto, que albergaba a más de una veintena de venezolanos.
En el operativo verificaron que varios no tienen resuelta su situación migratoria en el país o que ha vencido su tiempo de permanencia en calidad de turista, que es de 89 días.
Santamaría indicó que si estas personas no «regularizan» su situación en el país, serán deportadas.
Este operativo se realizó a raíz de denuncias de vecinos y comerciantes que manifestaron que algunos padres «alquilan» a sus hijos a otros venezolanos para que vayan con ellos a vender dulces en las esquinas o a pedir limosnas.
«Nosotros como municipio, lo que queremos es que no se vulneren los derechos de los niños, no interesa cómo han ingresado al país, creo que es deber de todos nosotros evitar de que se vulneren los derechos de los niños», dijo a Efe el secretario de seguridad ciudadana de El Alto, Dorian Ulloa, quien también estuvo presente en los operativos en los alojamientos.
Los operativos continuarán para verificar la situación de los niños y sus familias, que en muchos casos viven en un cuarto de un alojamiento y duermen en una cama hasta cuatro personas e incluso junto a sus mascotas, contó Ulloa.
Ante esta situación, este martes está prevista una reunión con autoridades como el viceministerio de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de El Alto, Migración de Bolivia, defensorías de la Niñez y la Policía, entre otras.
Situación de venezolanos
Por su parte, el ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, indicó en una conferencia de prensa en La Paz que no se puede expulsar a todos los venezolanos «por más que no tengan la legalidad correspondiente».
«Sabemos que han escapado por hambre de su país, ahora los venezolanos que cometan delitos serán expulsados», indicó Murillo.
Migración boliviana determinó en agosto pasado que los menores venezolanos que están en el país podrán regularizar gratis su situación, ya que muchos carecen de cualquier documento que los identifique, para así evitar situaciones de vulnerabilidad.
Bolivia anteriormente adoptó otras resoluciones en favor de nacionales de este país, como una en enero de este año para facilitar el ingreso de niños y adolescentes venezolanos indocumentados, para preservar la unidad de las familias y evitar que estén expuestos a situaciones de riesgo.
Unos 10 mil venezolanos, entre refugiados y migrantes, residen en Bolivia, que se ha convertido en un nuevo destino para quienes escapan de la crisis en Venezuela y han abandonado además otras naciones como Colombia, Ecuador y Perú, según un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) difundido en mayo pasado.