Anulación del Revocatorio por el TSJ (o ‘Cómo activar una bomba de tiempo’); por Luis Vicente León
¿El gobierno realmente podría anular el Referéndum Revocatorio usando su control institucional sobre el TSJ, tal como denuncia la MUD que pretenden hacer? Técnicamente, la respuesta es que sí. Aunque, como ya explicó José Ignacio Hernández aquí en Prodavinci, esto resultaría un despropósito.
Es evidente que el Tribunal Supremo de Justicia responde a las necesidades de la Revolución. Y si el Presidente y el Partido consideran que anular el Referéndum institucionalmente es menos riesgoso que someterse a la recolección de firmas en la calle, lo harán. Ahora bien: si el costo político de anularlo desde el TSJ es mayor, entonces el proceso de recolección de firmas continuará.
No es una decisión democrática: es un análisis de costo-beneficio.
En todos los escenarios, el gobierno tiene un problema central: en Venezuela la oposición es una clara mayoría. Tienen la fuerza y la motivación para convocar ese Referendo Revocatorio y, aunque el control institucional del gobierno puede entorpecer arbitrariamente los requisitos legales para intentar demorar y complicar el evento, cualquier acción de recolección de firmas puede traer como consecuencia un mundo de gente en la calle que (por sí solo y sin necesidad de contarse) se convierte en un enorme peligro político para el gobierno.
Ante estas dos posibilidades, la anulación por el TSJ o permitir que se vea la gente en la calle recogiendo firmas, ¿cuál escogerá el gobierno?
La opción de anular el derecho constitucional de revocar, usando la institucionalidad controlada, es una acción explícita y evidente de desespero que pone en evidencia la fulminación de la democracia venezolana (o lo que queda de ella) y expone al gobierno todavía más al rechazo regional y mundial. Sin considerar que podrían activarse luchas radicales, al ver muerta toda posibilidad real de una salida institucional.
Anular el Referendo Revocatorio sería como intentar descativar una bomba de tiempo arrojándole una granada.
Para algunos, anular el Referendo sería impresentable y peligroso: activaría una lucha que nadie sabe dónde terminaría. Además, para parte del chavismo no-madurista sigue viva la esperanza de que ese Referendo se convoque, tenga lugar en 2017 y eso permita un cambio con algo de orden de un Presidente que hoy es un problema para el chavismo, pues les impide tener alguna opción chavista alternativa para preservar el poder hasta 2018 y así elevar sus posibilidades de ganar una elección. Para otros, esos que quieren evitar la salida de Maduro a toda costa, la única opción es evitar el Referendo Revocatorio de cualquier manera y asumir el riesgo de una explosión social que según ellos sería más difícil de concretar.
Es decir: este último grupo preferiría que la gente saliera de su casa a protestar después de oír una decisión del TSJ, antes que correr el riesgo de que esa explosión ocurra como una consecuencia natural del gentío en la calle después de ejercer su derecho a firmar durante los días indicados por el CNE para la recolección del 20%, justo cuando la militancia opositora estaría más motivada para luchar por defenderlo.
¿Cuál será el grupo dentro del chavismo que ganará? No tengo idea. Pero lo que sí está claro es que es una vergüenza que en Venezuela no estemos discutiendo si la oposición tiene o no la mayoría necesaria para ejercer su derecho a revocar un mandato (tal como establece la Constitución). En lugar de eso, estamos preguntándonos cuál será la manera que preferirá el gobierno para bloquear el Referendo y si la mayoría del país estará dispuesta o no a defenderse de esa violación.
En Venezuela no estamos preguntándonos si puede ser exitosa la lucha de la mayría, sino cuál será la estrategia elegida por el Poder para terminar de habituarnos a la primitivizacion del país y la pulverización de nuestros derechos democráticos.