Exmagistrados afirman que “hay una dictadura”
La suspensión de la recolección del 20 por ciento de manifestación de voluntades para activar el revocatorio pone en tela de juicio la democracia en Venezuela. Esta es la conclusión coincidente de exmagistrados y expertos constitucionalistas, quienes además afirman que la medida está basada en un procedimiento «viciado» por parte del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral (CNE). Aseveran que no se cumplió con el debido proceso.
Blanca Rosa Mármol, exmagistrada y miembro del Bloque Constitucional de Venezuela, recalcó que hay todo un conjunto de irregularidades.
Destaca que la decisión fue emitida por los tribunales penales y no electorales, estos últimos son los que han debido proceder. Aunque lo hicieran los entes competentes, «no han debido suspender el 20 por ciento ya que antes hay que determinar si hubo o no delito en la recolección del uno por ciento de las firmas».
Mármol explica que el Poder Electoral se contradice al acatar a los tribunales penales cuando ya había legalizado la primera jornada de rúbricas. Con esta acción, el Consejo Nacional Electoral «demuestra que no se cumple con la separación de poderes que determina la Carta Magna».
Agrega que “es insólito” que el anuncio no lo haya hecho una autoridad judicial, sino un gobernador. “Eso es demostrativo de que hay razones políticas y no jurídicas. Pretenden obstaculizar el derecho electoral de toda la nación. Evidencia aún más que en Venezuela hay una dictadura con una fachada democrática, construida en base a hacer elecciones hasta que les convino. La vía que queda a la oposición es convocar desde ya a una constituyente para la salida constitucional del Presidente”.
Contra toda una nación
Román Duque Corredor, exmagistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia, precisó que otra de las vulneraciones es que no ejecutaron la medida en contra de quienes supuestamente falsificaron las firmas del uno por ciento, sino en contra de toda una nación.
Apuntó que legalmente, los jueces penales deben actuar en contra de la persona en particular y no en contra de un grupo que fue lo que hicieron en este caso. “Obstaculizan la elección popular. El CNE está dentro de una estructura mafiosa para arrebatar al pueblo su soberanía. El Gobierno está en una autopista llamada dictadura, montado en un carro conducido por el Tribunal Supremo de Justicia».
Señaló que el afectado, o sea los electores, podrían comparecer ante los tribunales para interponerse a la medida, aunque acentuó: “Cualquier vía legal será distorsionada porque se trata de una presión política por parte de las instituciones”.
Para la exmagistrada, Cecilia Sosa, la medida no tiene fundamento, principalmente considerando que el Poder Electoral ya había depurado el uno por ciento. Planteó que los venezolanos están en el derecho de acudir al artículo 333 y desconocer la medida. Para ello, la línea de acción es que la ciudadanía organizada recoja el 20 por ciento sin importar la suspensión.
“El fallo no tiene explicación jurídica, sino política. Es una decisión orquestada por el PSUV. Los tribunales penales usurparon un acto administrativo. Demuestran que el CNE, el TSJ y el presidente Maduro están en contra del pueblo. Hay una dictadura abierta y un presidencialismo que no cumple con su principal obligación que es garantizar los derechos. Estamos ante un régimen que hasta hace poco se vestía de democracia, pero que ya se desnudó completamente”.