El desplome de Sidor en manos rojas
La Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor) no ha podido superar el récord de producción que estableció la trasnacional Ternium (4,3 millones de toneladas de acero líquido) desde que pasó a manos del chavismo en 2008.
Por: lapatilla.com
Siguiendo el patrón sistemático de otras empresas estatizadas, en lo único que el gobierno parece resaltar es en su capacidad para volver improductivas a las empresas que nacionaliza en muy poco tiempo.
En este sentido, Sidor ha sido una de las compañías que se han visto más afectadas por la gestión chavista y particularmente militar de la que ha sido objeto en los últimos años: el primero Rafael Gil Barrios; luego Justo Noguera, posteriormente Javier Sarmiento, más tarde Tomás Schwab, le siguió el Mayor General Juan Vicente Paredes Torrealba y finalmente, regresó Noguera.
Desde el año 2012, en una suerte de reconocimiento indirecto al fracaso, la acería más grande del país no solo ha ido sustituyendo presidentes, sino también rebajando sus metas de producción.
En el año 2014 por ejemplo, se planteaba una meta de producción de 2.5 millones de toneladas. Sin embargo, solo se logró un poco más del millón de toneladas (41% de la meta de producción).
Al año siguiente la situación no mejoró, la Siderúrgica presentó una caída del 35.5% (981.175 toneladas de acero), el primer registro más bajo en cuatro décadas. Los últimos resultados de 2007 (359.000 toneladas mensuales y 4.3 millones de toneladas al año) parecían imposibles de alcanzar.
Algunos de sus presidentes, como fue el caso de Jesús Zambrano, atribuyeron la disminución del rendimiento a una “fatiga” de la planta.
“Tenemos una planta fatigada y en estos momentos vamos a empezar un plan de recuperación para poner Sidor al servicio del país. Ese plan ya está en marcha y estamos saliendo de un letargo, producto de esa fatiga que te comentaba”, explicó el militar durante el II Simposio Ferrosiderúrgico.
En 2016 la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, produjo 14.000 toneladas de cabillas entre mayo y septiembre, así como 25.000 toneladas de alambrón. El gobierno también anunció la activación de un plan para recuperar la capacidad operativa, proyectando una producción mensual de 100.000 toneladas de acero líquido y justificó la debacle asegurando que la estatal destinaba gran parte de su producción a la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), sin publicar cifras oficiales.
Capacidad operativa del 45%
El actual presidente de la acería y la CVG anunció a mediados del 2016 que la industria registraba un nivel de producción del 45% y que los trabajadores continuaban haciendo esfuerzos por incrementar la capacidad operativa de la planta.
“Yo les aseguro que, a finales del año próximo, nosotros estaremos entregando 300 mil toneladas por mes, estamos hablando de más de 3 millones de toneladas (anuales) a nuestro país, cubrir el mercado nacional y exportar”, profetizó.
Según las cifras difundidas por la World Steel Association, Venezuela solo llegó a producir 310.000 toneladas de acero hasta el mes de noviembre, incluyendo el aporte del Complejo Siderúrgico Nacional (CSN); convirtiendo al 2016 sin lugar a dudas en el peor año productivo en la historia de la compañía (representa un 7% de la última producción privada en 2007).
¿Falta de insumos?
Según los informes de gestión operativa presentadas por la empresa en Junta Directiva, el desplome de la producción obedece a la falta de insumos, repuestos, inversiones para la adecuación tecnológica y los conflictos laborales.
Para hacer frente a esta situación, el gobierno de Nicolás Maduro ha aprobado más de 1.100 millones de dólares a través de la Asamblea Nacional, incluyendo los últimos 314 millones de dólares aprobados que no fueron administrados por los trabajadores y que se desconoce su paradero.
Los recurrentes cambios de presidentes en la compañía también han generado mucho malestar porque además de crear una suerte de parálisis ejecutiva en las operaciones de la empresa (no hay continuidad en las gestiones), cada funcionario realizó diferentes compras no justificadas que pudieron ser invertidas para al menos garantizar la seguridad social de los trabajadores.