El Nuevo Herald: Golpes y amenazas de violación, hablan los sobrevivientes de la represión de Maduro
El joven venezolano Jesús Ibarra proviene de una familia humilde, residente de un populoso sector del este de Caracas, llamado Petare, considerado uno de los barrios más grandes y peligrosos de América Latina.
León Hernández / El Nuevo Herald
Vendía pancitos de canela para ayudarse a pagar las mensualidades de ingeniería en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), ubicada al oeste de la capital. Una de las carreras más exigentes de la referida casa de estudios, estimada entre las más prestigiosas de Venezuela.
Cuando la noche del domingo 30 de abril preparaba otro lote de estos panes para vender en la marcha que se había convocado contra el gobierno de Nicolás Maduro para el primero de mayo, Día de los Trabajadores, nunca imaginó que en horas una pesadilla casi acaba con su vida, modificándola dramáticamente, tal vez de manera permanente.
“Mi hijo tiene sus principios políticos y él sabe lo que estaba haciendo. El domingo antes del primero de mayo hizo unos pancitos de canela. Le faltaba por pagar de la mensualidad unos Bs. 10,000 [poco menos de un dólar, al cambio en el mercado negro]. Hizo los pancitos en la noche y se fue a venderlos a la marcha”, relató el padre del joven, José Ibarra, en entrevista con el Nuevo Herald.
El estudiante estuvo entre las personas que fueron reprimidas a la altura del sector capitalino El Rosal, y que fueron obligadas a saltar o fueron lanzadas por la represión al río Guaire, el principal canal de aguas residuales de la capital venezolana, que la atraviesa de este a oeste. Días antes, el 19 de abril, por la cuenta twitter del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), una frase elogiaba este estilo de prácticas represoras: “A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y al Guaire lo que es del Guaire”, mensaje que fue retuiteado por el propio gobernante Nicolás Maduro.
“En la marcha, entre 4 y 5 de la tarde, lo impactaron con una bomba lacrimógena. Cayó al Guaire, se ahogó, lo trataron de rescatar unos muchachos y luego la Guardia Nacional Bolivariana le disparó a los muchachos para que no lo rescataran. De allí lo llevaron a un CDI (Centro de Diagnóstico Integral dependiente del Gobierno Nacional) donde le robaron el dinero de lo que había vendido, el teléfono, los zapatos, la franela, lo disfrazaron de guarimbero” [adjetivo empleado por voceros del gobierno para atribuirle a los manifestantes actividades ilegales].
“No llegó en ambulancia al Hospital Domingo Luciani. El CDI de Chuao –sector al este de la capital– lo mandó en un carro, parece ser, con el muchacho que lo rescató, a quien le partieron una costilla y una pierna. Ese muchacho se fue porque la policía lo quería meter preso. A Jesús lo operaron a las ocho de la noche. La operación duró desde las ocho de la noche hasta las dos de la mañana. Esa fue la primera operación, ya lo han operado cuatro veces”, señaló el padre del joven.
“Es mentira que en Venezuela hayan medicamentos. De hecho, en el Hospital Domingo Luciani, un hospital público del Seguro Social, no había ni siquiera gasa. No había batas esterilizadas para entrar a la unidad de cuidados intensivos. ¿Crisis en este país? De todas clases y aquí no hay medicinas de ningún tipo”, dijo Ibarra.
Al momento de su llegada al Hospital Domingo Luciani, agentes represores lo acompañaban y la atención de salud se mezclaba con la represión y las ganas del régimen de encarcelar a más muchachos disidentes. De víctima a ser considerado terrorista por la dictadura.
“Al principio hubo bastante represión en el Hospital Domingo Luciani, donde lo internaron por primera vez. Allí había colectivos (grupos paramilitares que actúan a favor de Nicolás Maduro). Había autoridades del Hospital impidiendo que le llegaran los medicamentos. Duró 14 días en el Hospital Domingo Luciani. Para sacarlo de allí fue un proceso, porque lo impedían los Guardias Nacionales, los milicianos que tiene el gobierno, los colectivos”, detalló el progenitor del joven.
Un sistema corrupto que hace agua por los costados permitió a los Ibarra llevar al joven a una clínica privada. “Hubo que pagarle a los Guardias Nacionales para sacarlo en una ambulancia”, comenta José Ibarra.
El impacto de la bomba lacrimógena disparada por un efectivo del Estado fue confirmado por el Ministerio Público venezolano, hoy conducido por Luisa Ortega Díaz, chavista que en abril dio la espalda al madurismo al declarar que había roto el hilo constitucional. “Le puedo decir con todo criterio que fue una bomba lacrimógena, porque medicina forense de la Fiscalía fue al Hospital Domingo Luciani. Fue un médico forense y dijo que había sido impactado por una bomba lacrimógena”, manifestó el padre del joven.
Pero, al igual que en otros atropellos a los derechos humanos en Venezuela, este caso sigue impune. “La misma doctora (de la Fiscalía General de la República) me dijo que eso iba a pasar a juicio. Juicio del que no he visto nada, porque eso fue el día 2 de mayo y hasta ahora no he visto ningún resultado de juicio alguno, ni ninguna persona detenida”.
Lea completo los escabrosos testimonios en El Nuevo Herald