El Nuevo Herald .Comunidad internacional estrecha cerco sobre ‘el narcoestado violento’ de Nicolás Maduro

La comunidad internacional estrechó el lunes su cerco sobre el régimen de Nicolás Maduro luego que la Unión Europea se uniera a Canadá y Estados Unidos en aprobar sanciones contra el chavismo, y el Consejo de Seguridad de la ONU escuchará el pedido del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, de que intervenga para detener la feroz represión gubernamental emprendida por “asesinos” y “torturadores”.

La reunión en la ONU estuvo caracterizada por duras denuncias contra el régimen bolivariano, con la embajadora estadounidense ante la organización, Nikki Haley, asegurando que Maduro había convertido a Venezuela en un violento y peligroso “narcoestado”.

En una medida que ha de incrementar los ya extensos dolores de cabeza del régimen en el exterior, la Unión Europea (UE) estableció un sistema para congelar activos e imponer restricciones de viaje a funcionarios venezolanos, citando informes advirtiendo que crímenes de lesa humanidad podrían haber sido cometido en el país petrolero.

Asimismo, la UE decidió prohibir las ventas de armas al régimen para evitar que éstas sigan siendo usadas contra la población.

“Estas medidas se utilizarán de forma gradual y flexible y pueden ampliarse, dirigiéndose a los implicados en el no respeto a los principios democráticos o el estado de derecho y en la violación de los derechos humanos”, resaltó la UE en un comunicado.

La decisión, acordada en una reunión de ministros de Exteriores de la UE en Bruselas, se produjo pocos días después que Estados Unidos añadiera a 10 representantes chavistas a su lista de funcionarios sancionados, muchos de ellos acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Funcionarios del gobierno estadounidense no descartan la posibilidad que la lista de sanciones individuales continúe aumentando en la medida que Maduro continúe con sus planes de cimentar una dictadura de corte castrista en el país petrolero.

Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad, Almagro enfatizó la necesidad de que la ONU y la comunidad internacional apliquen sanciones aún más severas para detener la opresión y el sistemático desmantelamiento de la democracia venezolana.

Ningún país “puede ignorar lo que está sucediendo en Venezuela” ni ser “complaciente con la violación sistemática de los derechos humanos” por parte del Ejecutivo, dijo Almagro.

“No existe argumento político, jurídico o económico que justifique ir de la mano de los asesinos y de los torturadores […] el régimen de Caracas presenta una amenaza constante para la prosperidad, la salud y la vida de los ciudadanos” y supone un “factor esencial de desestabilización social y política en la región”, enfatizó.

Almagro advirtió que “el silencio” o las “excusas metodológicas” en el ámbito internacional “son de las principales causas para que el régimen venezolano aún torture, asesine, persiga y tenga presos de conciencia”.

Hay solo dos opciones, argumentó, “que intereses políticos, ideológicos, económicos o personales nos hagan mirar para el costado o que cumplamos con nuestro deber, con nuestros valores, actuando en favor de la restitución de las libertades fundamentales en Venezuela”.

Por su parte, la embajadora estadounidense ante la ONU coincidió en que el régimen bolivariano constituye una amenaza para la seguridad de la región.

Venezuela vive una de las situaciones “más trágicas” del mundo, dijo Haley. Pero la comunidad internacional no solo debe actuar para contener una evidente “tragedia humana”, sino porque el régimen de Caracas “plantea una amenaza directa a la paz y seguridad internacional”.

La diplomática estadounidense acusó al régimen de usar la violencia, de una represión masiva y, en definitiva, de “mostrar su verdadera cara como una dictadura”.

“Les estamos observando. No nos engañan”, dijo Haley a las autoridades de Caracas, antes de dirigirse al pueblo venezolano para pedirle que no “pierdan la esperanza”.

“El mundo está cada vez más unido en sus esfuerzos para restaurar los derechos humanos y las libertades fundamentales” en el país y “la justicia llegará a Venezuela”, manifestó.