Pedir asilo en EEUU se pondrá más difícil
«El sistema de asilo está siendo abusado en detrimento del Estado de derecho, las políticas públicas sensatas y la seguridad pública, y en detrimento de la gente con reclamaciones justas», afirmó Sessions en un discurso ante jueces especializados en asuntos migratorios en Washington.
El fiscal general explicó que los procedimientos iniciados para confirmar las peticiones de asilo en base a «miedo creíble» o persecución en sus países de origen se han disparado desde 5.000 en 2009 a 94.000 en 2016.
Como consecuencia, Sessions advirtió de que los jueces y las autoridades migratorias se encuentran sobrepasados por la cantidad de casos pendientes.
Bajo la actual legislación, los extranjeros pueden acogerse a la solicitud de asilo si llegan a EE.UU. y prueban que son perseguidos en sus Estados de procedencia por raza, religión, nacionalidad, pertenecer a un particular grupo social o tener una determinada opinión política.
«Decir unas pocas palabras -reclamando miedo al regreso- está transformando un proceso de arresto por entrada ilegal e inmediata devolución en un prolongado proceso legal, donde un extranjero puede ser liberado de custodia en EE.UU. y posiblemente nunca aparecer en una audiencia de inmigración», dijo Sessions.
De hecho, remarcó que las peticiones «ilegítimas» son tantas que «han enterrado» las legítimas.
El fiscal general, sin embargo, no ha ofrecido detalles sobre las nuevas exigencias ni cuándo entrarán en vigor.
«Esta decisión ofrecerá más claridad a ustedes. Les ayudará a actuar de manera consistente y justa», indicó ante los magistrados.
En 2016, el último año con datos oficiales, EE.UU. otorgó asilo político a 20.455 personas, la mayor parte procedente de China, El Salvador y Guatemala.
Sessions ha sido el encargado de liderar la política migratoria de mano dura del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha criticado el sistema legal del país como «el peor del mundo».
Desde el pasado 6 de mayo, el Departamento de Justicia, encabezado por Sessions, presenta cargos penales contra todos los extranjeros detenidos por atravesar la frontera ilegalmente, un esfuerzo que pretende frenar la inmigración clandestina dentro del marco del plan «tolerancia cero».