Costa Rica se suma a proceso contra Maduro en la Corte Penal Internacional
La vicepresidenta y canciller de Costa Rica, Epsy Campbell, anunció que se suma al proceso que varios países llevaron a la Corte Penal Internacional para iniciar una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad contra el Gobierno que preside Nicolás Maduro.
“Costa Rica, fiel a su defensa tradicional para la promoción y protección de los derechos humanos, la paz y la democracia, ha decidido secundar la gestión de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, de denunciar al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, ante la CPI”, reza el Twitter de la funcionaria.
De igual forma, reitera que colaborará con la Corte y anuncia que seguirá usando los foros multilaterales -como la ONU o la OEA- para que en Venezuela se supere la crisis que hay en Venezuela. Hizo un llamado para que las autoridades de nuestro país cumplan las obligaciones internacionales que adquirieron cuando accedieron a los instrumentos jurídicos de los Derechos Humanos, para que las mismas sean respetadas y se produzca la liberación de presos políticos.
El pasado 25 de septiembre, los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá presentaron en ocasión de la Asamblea General de la ONU una carta sellada por los líderes de sus respectivos países solicitando a la CPI que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela durante el Gobierno de Nicolás Maduro.
La Fiscalía de la CPI ya había comenzado, por iniciativa propia, un examen preliminar a Venezuela el pasado febrero, un paso previo a la eventual apertura de una investigación formal.
Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, padece una severa crisis económica que se traduce en escasez de alimentos básicos y medicinas, así como en hiperinflación.
La oposición y diversas ONG han denunciado que el país sufre una crisis humanitaria y han exigido la apertura de un canal para el ingreso de comida y fármacos, una petición que el Gobierno de Maduro rechaza al considerar que daría puerta a una invasión armada.
Además, insisten en denunciar presuntos abusos a los derechos fundamentales en el país.
Con información de EFE