Maduro mandó a un viceministro a suavizar informe de Bachelet pero no pudo

En Ginebra hubo un hervidero esta semana. Apenas días antes de que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hiciera la publicación de su informe final sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, construido por un equipo de expertos durante varioos meses y con unas últimas incorporaciones luego de la visita de la propia expresidenta chilena a Caracas, ocurrió la muerte por torturas del capitán Acosta Arévalo.

Apenas horas más tarde, se conoció del caso de Rufo Chacón, el chico de 16 años que fue reprimido en Táchira durante una protesta por gas y resultó ciego de ambos ojos luego de recibir 52 perdigonazos en el rostro.

En paralelo, la maquinaria del Estado chavista se movía apresuradamente a sabiendas de que ese documento de Bachelet sería demoledor. Una de las tareas: suavizar su contenido.

Ya Jorge Arreaza, quien ocupa la Cancillería, había dicho que esperaban con atención un “documento equilibrado”. Lo que no dijo es que la misión asignada a Félix Plasencia, viceministro para temas multilaterales, fue presionar para que el informe finalmente fuera distribuido sin recomendaciones específicas para las autoridades venezolanas.

El objetivo fundamental: excluir de las recomendaciones las propuestas de mecanismos que investiguen directamente al gobierno sobre violaciones a derechos humanos.

No es casual que el designado haya sido Plasencia, quien estuvo encargado de recibir a Bachelet en Maiquetía cuando pisó Venezuela el 19 de junio pasado.

La misión no tuvo éxito, y el informe dice, entre otras cosas, que en el último decenio –y especialmente desde 2016- el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.

El informe detalla la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década. En el periodo que abarca el informe, tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.

Entre las recomendaciones, le exige al Estado que, entre otras cosas:

-Lleve a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de las violaciones de los derechos humanos.

-Detenga, condene públicamente, castigue y prevenga todos los actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos, incluidas la retórica estigmatizadora y las campañas de desprestigio.

-Detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.

-Disuelva las FAES.

-Desarme y desmantele a los grupos armados civiles progubernamentales (los llamados “colectivos armados”) y garantice la investigación de sus delitos.