Venezuela pagó a la constructora brasileña Odebrecht 30.000 millones de dólares por obras que aún no están finalizadas, según dijo hoy la fiscal general del país caribeño, Luisa Ortega Díaz, que se comprometió a investigar este caso de “corrupción” de forma prioritaria.
En rueda de prensa, la fiscal indicó que “30.000 millones de dólares es el monto que el estado venezolano desembolsó, le pagó a Odebrecht en 11 obras de infraestructura que están inconclusas, entre las cuales está el tercer puente sobre el río Orinoco y el Metro Caracas – Guatire”.
“Actualmente tenemos 36.124 investigaciones por corrupción y van en aumento (…) pero cuál es una de las que más nos preocupa, es el caso que ha puesto a tambalear a los grupos del poder sin importar sus arengas ideológicas, nueve letras nada más: Odebrecht”, explicó Ortega.
La titular del Ministerio Público ha abierto en las últimas semanas varias investigaciones contra dirigentes del gobierno del presidente Nicolás Maduro, después de su ruptura en marzo con el oficialismo al denunciar una supuesta ruptura del “hilo constitucional” en el país por parte del Tribunal Supremo.
“¿Cómo se encuentran esas obras en la actualidad? A simple vista pueden constatar como están esas obras, paralizadas. ¿Quien se hace responsable? ¿A quién le reclamamos? ¿Quién le da la cara al país de ese desfalco?”, aclaró sobre las obras encargadas a Odebrecht, que se ha visto implicada en escándalos de sobornos a funcionarios en varios países.
Ortega lamentó las dificultades del Ministerio Público para acceder a las pruebas sobre el caso Odebrecht fuera del país, ya que, aseguró, los funcionarios de la Fiscalía temen que el gobierno les anule el pasaporte, como ha hecho con varios opositores cuando estos salieron de Venezuela.
“Eso es lo que están haciendo, impidiendo que el Ministerio Público pueda recabar evidencias, que investigue, sobre un hecho de corrupción que no solamente ha impactado en Venezuela sino en toda la región y hemos corroborado que hay muchos funcionarios activos que aparecen involucrados en esas irregularidades“, afirmó.
La fiscal remarcó además la necesidad de que los funcionarios y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia no tengan antecedentes policiales ni “ostentosas mansiones en otros países”, y recriminó a los magistrados del Supremo que considera ilegítimos que intenten “atar de manos” a la Fiscalía con sus sentencias.
Ortega hizo estas declaraciones un día después de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el Gobierno pese al rechazo de la oposición y de la propia fiscal, que ve en este proceso para cambiar la Carta Magna una forma de instaurar un “sistema personalista y totalitario” por parte del chavismo gobernante.
En una intervención en el acto de celebración electoral, el presidente Nicolás Maduro reafirmó que, una vez instalada, la Asamblea Constituyente intervendrá la Fiscalía y tomará el control de esta institución.