“Masacre de El Junquito”: un año de olvido judicial
Hace exactamente un año fue activada una operación policial y militar que tenía un solo objetivo: capturar “vivo o muerto” al exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Óscar Pérez, y a todos los integrantes de su “grupo rebelde” que, para la fecha, eran considerados como los más buscados por el gobierno de Nicolás Maduro.
Desde la madrugada del 15 de enero de 2018 fue activada la llamada operación Gedeón, donde al menos 1.000 funcionarios de los componentes de la Fuerza de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional (PNB), Dirección de Inteligencia Militar (Dgcim), Guardia Nacional (GNB) y Servicio de Inteligencia Nacional (Sebin) rodearon a Daniel Soto Torres, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos, Lisbeth Andreína Ramírez Mantilla, José Díaz Pimentel, Abraham Agostini y a Pérez, quienes se ocultaban en una residencia ubicada a la altura del kilómetro 16 de la vía hacia El Junquito.
A pesar del cerco del lugar durante el procedimiento, la información pudo ser filtrada. Óscar Pérez logró transmitir en tiempo real lo que estaba ocurriendo. Con la cara ensangrentada, el ex funcionario demostraba su disposición de rendirse, aunque el estruendo de los disparos le impedía ser escuchado.
“No quieren que nos entreguemos, literalmente nos quieren asesinar, nos lo acaban de decir”, publicó Pérez en uno de los videos difundidos a través de las redes sociales.
Y así fue. Luego de más de casi seis horas de negociaciones y enfrentamientos, los llamados “policías rebeldes” fueron ultimados por los cuerpos de seguridad del Estado en lo que después se denominó “la masacre de El Junquito”.
En la actualidad, es muy poco lo que sabe de la investigación sobre la muerte de los ex funcionarios policiales.
De acuerdo a las actas de defunción de Óscar Pérez y de Abraham Agostini, publicadas por la cadena de noticias CNN, ambos fallecieron por “traumatismo cráneo encefálico severo por herida de arma de fuego en la cabeza” y “hemorragia subdural fractura de cráneo herida por arma de fuego con proyectil único a la cabeza”, respectivamente.
Las intenciones de los familiares y de la Asamblea Nacional (AN) por realizar una explicación más detallada fueron frustradas por el “entierro express” de los asesinados, sin contar con la presencia de testigos.
La parlamentaria Delsa Solorzano y organizaciones no gubernamentales como Foro Penal han denunciado el silencio del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo por no revelar el trasfondo de la operación que, a simple vista, cuenta con varias violaciones a los derechos humanos.
Después de la operación, donde fallecieron las siete personas que se resguardaban en la casa en El Junquito, dos funcionarios del FAES y un integrante del colectivos Tres Raíces, fueron detenidas 32 personas durante 2018. Hasta la fecha, sólo siete de ellas han recibido medidas cautelares.