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Diosdado Cabello descarta derogar la Ley contra el Odio y apuesta por un “punto medio” en la Asamblea Nacional

El debate por la Ley contra el Odio en Venezuela: Cabello defiende su vigencia mientras ONG exigen su derogación

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este lunes 16 de noviembre que la consulta pública sobre la reforma de la Ley contra el Odio permitirá alcanzar un “punto medio” entre los sectores que exigen su eliminación y quienes respaldan su continuidad. Durante su rueda de prensa semanal desde Caracas, transmitida por medios oficiales, el dirigente chavista defendió la necesidad de mantener el instrumento legal argumentando que fue creado para sancionar hechos violentos ocurridos en el país, tales como la destrucción de centros de salud y preescolares, la colocación de guayas en las vías y ataques contra personas.

Cabello señaló a la Asamblea Nacional como el escenario idóneo para este debate, tras la aprobación en primera discusión de la reforma el pasado 3 de noviembre. En sus declaraciones, el dirigente afirmó que figuras de la oposición como Leopoldo López “nunca van a cambiar”, razón por la cual considera indispensable preservar la normativa, aunque se mostró confiado en lograr un consenso parlamentario. Asimismo, contrastó la postura actual del oficialismo con la de sus adversarios políticos, a quienes acusó de haber accionado bajo una lógica de “disparen primero y averigüen después”,al tiempo que calificó de “ardidos” a quienes han manifestado protestas durante el encendido navideño en distintas regiones del país,desvinculando dichas manifestaciones del sentimiento popular.

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Por su parte,Diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) y sectores de la sociedad civil mantienen una postura firme en contra de la permanencia de la ley y rechazan que una reforma parcial sea suficiente. Según estas organizaciones, el instrumento jurídico es inconstitucional y ha sido utilizado de manera sistemática como una herramienta de represión política y criminalización de la disidencia en Venezuela. Para los defensores de los derechos humanos, la simple reducción o eliminación de las penas de prisión contempladas en el texto no resuelve el problema de fondo, por lo que insisten en su derogación total como condición necesaria para garantizar la libertad de expresión.

Mientras avanza el proceso de consulta pública convocada por el Parlamento,la discusión sobre la Ley contra el Odio refleja las profundas diferencias en torno a los límites de la expresión política y las garantías democráticas en el país.El diseño legislativo definirá si se impone la visión del oficialismo, orientado a matizar las sanciones sin desmontar el marco jurídico vigente, o si prosperan las demandas de las organizaciones civiles que reclaman el cese definitivo de su aplicación.